La presidente Cristina Kirchner y su marido tienen pleno derecho a sentirse molestos por la postura asumida por distintos medios periodísticos y a procurar rebatir los argumentos de quienes critican tanto su gestión conjunta como la corrupción rampante que es una de sus características más llamativas.
Si se limitaran a defender su propio "relato" con palabras, como en circunstancias similares hacen otros mandatarios democráticos, a nadie se le ocurriría compararlos con personajes autoritarios e inescrupulosos como Hugo Chávez, que para silenciar a sus adversarios, inventan causas judiciales en su contra con el propósito de encarcelarlos, rescinden las licencias de canales televisivos a su juicio opositores y toman otras medidas destinadas a perjudicarlos económicamente, pero parecería que los Kirchner han optado por seguir los pasos de su amigo, socio comercial y prestamista venezolano.
Aunque el ministro de Planificación, Julio De Vido, y otros voceros oficiales dicen que la decisión de disponer la caducidad casi inmediata de la licencia de Cablevisión SA para ofrecer servicios de acceso a la internet es porque la empresa "usurpó la licencia de Fibertel SA", no cabe duda alguna de que lo hizo para castigar al grupo Clarín por no apoyarlo con el entusiasmo debido.
Huelga decir que, de haberse resignado el matutino "Clarín" y otros medios que forman parte del grupo a actuar como propagandistas de la causa kirchnerista, no serían blancos de ninguna ofensiva gubernamental.
Por el contrario, los Kirchner estarían colmándolos de favores de todo tipo.
En Santa Cruz, los Kirchner se acostumbraron a ser tratados con veneración por medios locales sumisos que dependían de ellos por sus ingresos, y parecería que les ha resultado sumamente difícil adaptarse al pluralismo mediático que, por fortuna, siempre ha imperado en la capital federal y muchas partes del interior y que ni siquiera los primeros regímenes peronistas o la dictadura militar más reciente consiguieron aplastar por completo.
Puede que los Kirchner no sean "totalitarios", para emplear el calificativo que figura en la solicitada difundida por Cablevisión-Fibertel, pero sus instintos son claramente autoritarios, ya que no vacilan en pisotear los derechos ajenos.
En cuanto a la seguridad jurídica, es evidente que no les importa un comino.
Como otros de su mentalidad, están más que dispuestos a apostar a que la Justicia termine cohonestando cualquier medida, por arbitraria que fuere, que les parezca conveniente.
Es de esperar que en esta oportunidad, como en otras, descubran que no les es dado actuar como si todo el sector privado fuera parte de su propio patrimonio.
Los Kirchner ya no intentan ocultar su voluntad de hacer cuanto les resulte necesario para provocar la bancarrota del grupo Clarín, para entonces incorporar algunos pedazos a su propio imperio mediático embrionario.
Además de silenciar ciertas voces que no les gustan del todo, suponen que la destrucción del "monopolio" serviría para advertirles a otros medios independientes que, a menos que modifiquen su actitud, les aguardará un destino igualmente infeliz.
Es poco probable que prospere el "proyecto" en tal sentido, pero por ser cuestión de un gobierno que fue democráticamente elegido, los esfuerzos de los kirchneristas por imponer su versión del pensamiento único podría causar aún más daño al país que los ocasionados por los militares del Proceso que, como ellos, creían que la mejor manera de defender su "verdad" particular consistía en perseguir a quienes pensaban distinto.
Sea como fuere, hay motivos para creer que en esta ocasión los Kirchner, obsesionados como los dos están por las vicisitudes de su yihad furibunda contra el grupo Clarín, han subestimado los riesgos que enfrentarán si persisten en tratar de obligar a más de un millón de usuarios de los servicios brindados por Fibertel a cambiar de proveedor, lo que sería engorroso para todos –entre otras cosas, tendrían que elegir otra dirección de correo electrónico– y, para muchos que viven en el interior del país, muy difícil debido a las deficiencias de la eventual alternativa.
Por cierto, el compromiso del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de que el Estado garantizará que todos tengan acceso a internet no convence a nadie.
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