Si bien fue la propia titular de la institución la que denunció tan grave hecho ello no minimiza la cuestión ni la limita al caso puntual de los involucrados denunciados.
Hace tiempo fui advertido sobre la posibilidad de “limpiar” los registros de antecedentes penales y he conocido algunos legisladores que accedieron a sus cargos sólo porque misteriosamente fueron “borrados” sus antecedentes criminales.
El empresario de la carne Alberto “El Turco” SAMID tenía varias causas judiciales que lo involucraban y le impedían ser Diputado Nacional (aunque sí pudo ser Diputado por la Provincia de Buenos Aires), por lo que le cedió su lugar a su hermano Julio SAMID que resultara Diputado Nacional, tristemente fallecido pero recordado por el affaire del Diputrucho, el anciano BRENNAN que levantara su mano y votara ilegítimamente en lo que habrá de quedar registrado en la Historia de las Picardías Argentinas.
El diputado Agustín ROSSI, quien preside el bloque del frente kirchnerista en el Congreso Nacional, supo tener frondosos antecedentes judiciales, la gran mayoría por estafa y falsificación de documentos, sin embargo no tuvo ningún problema en ocupar su banca durante el kirchnerato.
Pero la contrapartida de la “limpieza” de registros penales es la posibilidad de “ensuciar” los legajos de las personas, insertando datos relativos a supuestas causas judiciales que por exceder los plazos legales de prescripción no permiten rebatirlos, ya que no puede demostrarse la inexistencia de los expedientes inventados y eso perjudica rebatir esa falsedad.
Obviamente esto resulta funcional a toda campaña de desprestigio pergeñada desde el poder de turno, pues cuenta con la complacencia de medios adictos y personajes inescrupulosos que se ponen a disposición sucumbiendo ante generosas partidas de dinero.
La frutilla del postre es la derogación de las calumnias e injurias como ilícito penal, limitando todo reclamo civil resarcitorio a una cifra tope de $30.000.- como eventual indemnización por daños morales y materiales ocasionados por la vil difamación.
Viene al caso recordar la condena que recibió el piquetero oficial Luis D’Elía de pagar $ 6.000.- a un ex presidente de la Nación al que le atribuyera calidad de narcotraficante.
Toda persona de bien que haya sido ofendida en su honor seguramente dejará de promover acciones resarcitorias porque su buen nombre y honor jamás podría compensarse con cifras tan absurdas ni siquiera simbólicamente dado el desprestigio de algunos fallos jurisdiccionales.
Desde el Poder Ejecutivo Nacional se lanzan invectivas contra el Poder Judicial, atribuyéndole responsabilidad por la inseguridad que nos viene aquejando cada día más, además de endilgarle al Poder Legislativo un ánimo destituyente junto a maniobras desestabilizadores que -según el PEN- perjudica el plan de trabajo gubernamental.
Nunca haciendo un mea culpa ni reconociendo su inoperancia, adjudicando culpas y responsabilidades a otros.
Durante el kirchnerismo se han relajado todos los principios, se destruyeron los organismos de control y se instaló una real convicción de impunidad, por eso no puede sorprender que algunos empleados del más bajo nivel también realicen sus “negocitos”.
Total, si funcionarios de primer nivel hacen gala de millones mal habidos y no son alcanzados con reproche penal alguno,
¿por qué no intentar delinquir por cuenta propia sin pertenecer a la asociación ilícita oficial?
Después de todo resulta absurdo que se exija un certificado de antecedentes penales para gestionar un registro de conducir o acceder a un puesto de trabajo.
No pretendo minimizar el asunto de estos pícaros dadores de certificados falsos, pero también habría que analizar si todos los legisladores, diputados y senadores, mantienen su legajo prontuarial sin mácula.
Enrique A. Piragini
* Presidente de A.R.I.E.L. ong
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