En la fecha, 16/11/09, Enrique A. PIRAGINI, ha radicado una denuncia ante la Excma Cámara en lo Criminal y Correccional Federal de esta Capital Federal, para que se investigue la existencia de un “correo paralelo” que funcionara en el ámbito del Correo Central de la Ciudad de Buenos Aires (edificio que se refaccionará con motivo de los festejos del Bicentenario con una inversión cercana a los $1.000 millones de pesos) y la posible comisión de los delitos de de administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público, en base a la nota del periodista MARCELO CANTON aparecida en LOS ANDES.ON LINE el 16/11/09.
Se solicita una profunda investigación en esta clara muestra de corrupción que afecta miles de empleos y el servicio postal argentino.-
El texto de la presentación es el siguiente:
DENUNCIA ADMINISTRACION FRAUDULENTA Y OTROS DELITOS.-
Excma Cámara Federal:
Enrique A. PIRAGINI, abogado, por sí, constituyendo domicilio procesal en Uruguay 485 p. 3º "R02" (zona 119, TE 4599-8353 y 154-159-8401), a V.E. respetuosamente digo:
Vengo presentar formal denuncia para que se investigue la existencia de un “correo paralelo” que funcionara en el ámbito del Correo Central de la Ciudad de Buenos Aires (edificio que se refaccionará con motivo de los festejos del Bicentenario con una inversión cercana a los $1.000 millones de pesos) y la posible comisión de los delitos de de administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público, en base a la nota del periodista MARCELO CANTON aparecida en LOS ANDES.ON LINE el 16/11/09.
Se solicita una profunda investigación en esta clara muestra de corrupción que afecta miles de empleos y el servicio postal argentino.-
El artículo mencionado dice:
Lunes 16 de noviembre de 2009
Pero los directivos no se dieron por enterados.
La pérdida anual ronda los 40 millones de pesos.
lunes, 16 de noviembre de 2009
Adentro del Correo Argentino descubrieron un correo paralelo.
La operación, que llevaba años y beneficiaba a un grupo de empresas privadas, le provocó a la compañía estatal un daño millonario, que operadores privados calculan en $40 millones anuales.
El Correo pasó a ser reestatizado en 2005, cuando el gobierno de Néstor Kirchner le quitó la concesión a Franco Macri.
En el Correo aseguran que esa operación "no contaba con la aprobación del Directorio".
Y que fue prohibida hace dos semanas.
En el medio, sin embargo, quedan las dudas de cómo se pudo sustentar este negocio -que movió millones de cartas- sin que las autoridades estuvieran al tanto.
El mecanismo se conoce como "consolidadoras".
"Esencialmente -dice el titular de un correo privado perjudicado por la competencia a través de este mecanismo-, consistía en que el Correo le hacía un fuerte descuento sobre sus servicios a otra empresa por el volumen de piezas postales que cursaba.
Pero esa firma luego se lanzaba a vender el servicio a terceros, usando el descuento, y compitiendo incluso con el propio Correo".
En algunos casos, las consolidadoras pagaban las cartas despachadas por kilo, lo que les significaba costos de 8 centavos por unidad, contra 60 de una tarifa habitual.
O les cobraban $13 por cartas documentos que tenían un precio regular de $42.
La operación fue analizada por un lapidario informe de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), que lleva la firma de Alfredo Pérez, gerente de servicios postales, y está fechado el 22 de octubre, al cual tuvo acceso este diario.
Las comprobaciones hechas, dice ese trabajo, "permiten calificar a esta operatoria como de paralela a la operación efectivamente autorizada y normalizada para la gestión de la red postal pública".
La CNC destaca el caso de algunas empresas "consolidadoras".
Cita a Buenos Ayres Holding, Cora Duco SRL, Dyacom y Carlos Andrés Travattoni. También a Conducto SRL y TNT International Mail.
Las cuatro primeras tenían un contrato tipo de comercialización, en tanto que las dos últimas operaban a través de cuentas corrientes.
El informe se pregunta "si no existirían más de estas cuentas corrientes de esta peculiar naturaleza" que las detectadas.
Algunas de esas empresas, como Cora Duco, habrían usado el servicio sólo para canalizar su propia correspondencia.
Otras, en cambio, registran como clientes a otros correos privados, actuando así como mayoristas.
Un dato curioso es que esas empresas tenían como clientes a organismos públicos (ver aparte).
Al momento de analizar la operación, el informe señala:
No existe evidencia que en los contratos haya intervenido el área de Asesoramiento Jurídico del Correo.
Los contratos son firmados por funcionarios de la empresa estatal que invocan un poder que no es exhibido.
"¿Quién se hace cargo del secreto postal y de la inviolabilidad de los envíos si éstos pasan de manos del remitente a la consolidadora y luego recién al Correo?", se cuestiona.
"Eran contratos legales, que fueron rescindidos la semana pasada", señalaron en una de las empresas a la que apuntó la CNC, que confirmó la operación pero pidió el off the record.
El Correo dio de baja el sistema en un memorándum de Directorio fechado el 28 de octubre.
Respondía así al informe de la CNC de una semana antes.
Ese informe fue iniciado por una denuncia de los gremios postales.
Queda por investigar, claro, quién autorizó esta operación.
Y si los beneficiarios estuvieron sólo fuera del Correo.
CC Marcelo Cantón - Especial para Los Andes Pérdidas públicas y beneficios privados
lunes, 16 de noviembre de 2009
"¿Qué beneficio obtiene Correo Argentino por esta operatoria?", se preguntó el informe elaborado por la CNC.
Y se responde:
"No surge el establecimiento de una metodología seria que permita entender que estén razonablemente asegurados los intereses del Correo Oficial, máxime teniendo en consideración que se trata de una empresa propiedad del Estado Nacional?"
En el Correo Argentino no respondieron las insistentes consultas de este diario sobre el tema de las consolidadoras en general y sobre el impacto económico que las mismas habían tenido en la empresa pública.
Sobre el particular, una fuente del sector postal dijo que "por el monto de cartas que se menciona, deben haber sido no menos de 40 millones de pesos anuales de pérdida".
¿Por qué esas pérdidas?
Porque el Correo hacía fuertes descuentos en sus tarifas, pero luego enfrentaba todos los costos del procesamiento y la distribución de la correspondencia.
Eso permitía que las consolidadoras casi no tuvieran personal, el rubro que representa alrededor de 75% del costo de las empresas postales.
Buenos Ayres Holding, según la CNC, atendía a 100 clientes y transportaba 300.000 cartas con sólo 11 empleados.
Dyacom, otra de las firmas, tenía 15 empleados; Trabattoni, 12.
Un correo privado normal requiere 200 empleados para mover 500.000 piezas. CC
Asumo el rol de querellante no solo como ciudadano sino también en aras del interés difuso ìnsito en el art 43 de la Carta Magna local y Nacional, ya que hechos como los descriptos generan inseguridad en la población.-
Proveer de conformidad, SERA AFIANZAR LA JUSTICIA.-
ENRIQUE A. PIRAGINI
Abogado CPACF 22-23
4599-8353 y 154-159-8401
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