Impedir ascensos de oficiales por ser parientes de acusadosde represores es una práctica que recuerda a las del nazismo.
El sippenhaft como concepto jurídico fue elaborado y aplicado durante el Tercer Reich. Según ese principio, el acusado de crímenes contra el Estado extendía automáticamente su responsabilidad penal a sus parientes, de suerte tal que éstos también eran considerados culpables.
La norma legal fue instaurada por iniciativa de Heinrich Himmler, quien la impulsó alegando la "corrupción de la sangre".
En la práctica, eso importaba el castigo del responsable y el exterminio de todos los integrantes de su familia.
Se trataba de una aberración trágica, hermanada con las persecuciones del stalinismo.
Familias enteras marchaban a morir en los gulags por el delito que se imputara a alguno de sus miembros.
Estas prácticas políticas inherentes a los peores regímenes totalitarios encuentran un remedo en la Argentina presente.
Tal como ya opinamos en estas columnas, la actual ministra de Defensa y ex funcionaria del gobierno de Fernando de la Rúa ha incurrido en ellas al discriminar a un grupo de jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas por el absurdo delito de portación de apellido.
Llegará el día en que el Estado deberá hacerse cargo de los daños causados, pero mientras tanto no se puede silenciar tamaña situación.
La ley 19.101, referente a los ascensos del personal militar, dispone que las Fuerzas Armadas realicen la evaluación del desempeño de los oficiales mediante un detallado proceso que se lleva a cabo en las Juntas de Calificaciones.
Estos listados son remitidos luego al Ministerio de Defensa.
En los casos de ascensos a partir del grado de coronel o equivalentes, debe contarse para la aprobación de los pliegos con acuerdo del Senado de la Nación.
En los tres últimos años, la ministra Garré ha eliminado de manera sistemática de los listados de candidatos a ascender, echando mano a una suerte de legajo paralelo, a oficiales con antecedentes intachables, calificaciones sobresalientes y requisitos cumplidos.
Lo ha hecho por la sola razón de ser éstos hijos o parientes de militares supuestamente involucrados en delitos de lesa humanidad.
Luego de que hubiera trascendido esa persecución, que el Gobierno procuró mantener silenciada, la ministra debió ofrecer explicaciones a un pedido de informes de la Comisión de Acuerdos del Senado.
Obligada a responder, Garré dio a publicidad en la página web del Ministerio de Defensa un comunicado:
"Sumarios abiertos que deben concluirse para la consideración eventual de una propuesta de ascenso, rechazo de una propuesta por la Junta de Calificaciones de alguna Fuerza por dos años consecutivos o descarte de la Promoción por fundadas denuncias de participación en violación en derechos humanos o intervención en hechos de corrupción, entre otras razones".
Ese comunicado es un galimatías concebido para ocultar la verdadera causa que impide el ascenso de los oficiales en cuestión.
O sea, la aplicación ministerial del sippenhaft .
Garré no dice la verdad cuando responde que la falta de capacidad y la existencia de sumarios son razón suficiente de la discriminación.
Uno de los oficiales tachados es el primero de su promoción en la Armada Argentina, condición que ha mantenido por 32 años.
¿Pueden a lo largo de más de tres décadas confabularse gobiernos de toda índole para impulsar la carrera de un incapaz?
La respuesta es indubitablemente negativa.
¿Es real la existencia de causas pendientes por violación a los derechos humanos de ése y de los otros oficiales en su misma situación?
La juventud de los involucrados los aleja de responsabilidades por hechos ocurridos durante la dictadura.
¿Qué tiene para decir, entretanto, el secretario de Derechos Humanos, en cuya órbita deben expedirse los certificados que acrediten la ausencia de denuncias o de imputaciones en causas concernientes a la comisión de delitos de lesa humanidad?
Hay un déficit moral en la tramitación de los asuntos públicos que corroe la sustancia republicana de la democracia.
A las puertas del Bicentenario, el país está lejos de la reconciliación y de la paz.
La Presidente debe asumir con carácter prioritario la decisión de encarrilar la política oficial en esa dirección.
Más justicia y menos venganza estéril.
La Argentina, débil en sus instituciones y con pobreza de niveles intolerables, exige trabajar con urgencia para revertir tanto deterioro físico y moral, cerrar tantas heridas abiertas y avanzar hacia la definitiva reconciliación nacional con instituciones vigorizadas para afrontar los crecientes desafíos de una república democrática.
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