Esta semana el gobierno se vio acorralado otra vez por la inseguridad, representada en tres hechos: el asalto comando al Banco de Galicia en la Diagonal Norte, el asesinato de un niño de 13 años en una ruta nacional y el de un padre delante de un hijo de 11 años por un niño chorro de 15 años con antecedentes criminales al cual el juez lo destinó a una granja abierta para curarse de la drogadicción, sin importarle el sangriento asesinato.
Así es que el menor en pocos días se podrá ir, si quiere, de la granja voluntaria.
Este hecho disparó nuevamente la polémica sobre la imputabilidad de los menores de 16 años, que no está legislada, aunque hay un proyecto del Senado de hace dos años que no se sabe si perdió estado parlamentario.
El kirchnerismo, con si habitual hipocresía, se expresó a través de Nilda Garré, que declaró que está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad de los menores de 16 años.
Al mismo tiempo, Florencio Randazzo le echó la culpa a la oposición de no darle sanción plena al proyecto del Senado.
O sea, la Ministro de Seguridad dice que no y el Ministro del Interior dice sí, pero le echa la culpa a la oposición.
Es sabido que Horacio Verbitsky, León Arslanián y Raúl Zaffaroni sostienen que los pibes chorros son víctimas de la sociedad capitalista y no deben ser encarcelados, posición compartida por Hebe de Bonafini, Estela de Carlotto y CFK.
La diferenciación de Scioli
Por su parte, Daniel Scioli manifestó su deseo de bajar la edad de imputabilidad y citó un proyecto suyo que fue formulado por su Ministro de Justicia, Ricardo Casal, víctima de los ataques de Verbitsky por su pasado en el servicio penitenciario.
Está claro que Scioli -junto con Stornelli y Casal- detesta la posición garantista o abolicionista del derecho penal y lo hace en forma pública.
Pero, como pasó con el matrimonio gay o la ley de medios, cuando lo llamaba Kirchner -o ahora Cristina-, contesta invariablemente lo mismo:
“yo sumo al proyecto diferenciándome; si me sumo al coro del oficialismo, no me sirve ni a mí ni a ustedes”.
Y la presidente, en general, le daría la razón aunque no le guste. La realidad es que Scioli es imprescindible como candidato a gobernador para que el proyecto de la reelección de Cristina tenga alguna posibilidad.
Así es que en el poder se lo tienen que bancar al gobernador.
El narcotráfico es otro problema insoluble para el gobierno.
En efecto, las cuatro toneladas de cocaína y marihuana descubiertas en Chaco, Formosa y Misiones comprometen a gobernadores estrechamente ligados al gobierno y ni qué hablar del cargamento de una tonelada de cocaína capturada en España.
Ya está confirmado que aquélla se cargó en el aeródromo de Morón, cuyo jefe, Ricardo Palazón, dijo primero que nada pasaba sin que él supiera, para decir después que la droga salió Morón pero que la culpa la tenía la Fuerza Aérea.
Pero es indudable que la flamante ANAC, dirigida por Alejandro Granados, es claramente responsable junto con la aduana de Ezeiza, que depende del recaudador Ricardo Echegaray.
Posiblemente la Fuerza Aérea tenga alguna cuota de responsabilidad, pero tanto en el noreste como en Morón y Ezeiza hay políticos muy cercanos al kirchnerismo que, cuando menos por omisión, tienen responsabilidad penal.
En cuanto a los jueces intervinientes, en este caso responden sin duda a la Casa Rosada.
Guillermo Cherashny
No hay comentarios:
Publicar un comentario