Lo que quiere es que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner intervenga para que la iniciativa suiza no prospere, obligándola a garantizarle un grado de impunidad que sería totalmente incompatible con el respeto por la ley.
Y como si esto ya no fuera más que suficiente, Moyano y sus compañeros amenazan con organizar escraches multitudinarios contra aquellos periodistas que traten de informar a la ciudadanía sobre los pormenores del caso.
Para justificar una postura que es más apropiada para un capo mafioso, cuando no de un dictadorzuelo árabe, que para un líder sindical en un país democrático, uno que para más señas ocupa un puesto jerárquico en el Partido Justicialista y que en ocasiones no ha ocultado su esperanza de alcanzar un día la mismísima presidencia de la Nación, Moyano y quienes lo apoyan dicen ser víctimas de una campaña de persecución mediática y judicial.
Asimismo, sospechan que integrantes del gobierno de Cristina se han prestado a dicha campaña, acaso por entender muy bien que la alianza del kirchnerismo con el camionero podría suponerle un costo político sumamente elevado.
Cristina, pues, se encuentra en una situación muy difícil.
Aunque, al igual que su marido, ha ayudado mucho a Moyano por suponer que es capaz de controlar la calle, asegurándole cierta paz social y laboral, no le convendría en absoluto que se difundiera la impresión de que quien lleva la voz cantante es el sindicalista más desprestigiado del país.
El diputado opositor Francisco de Narváez habló en nombre de muchos al afirmar que a su juicio "Moyano se comporta como un matón y la gente está harta del patoterismo sindical.
La presidenta debe tomar cartas en el asunto", pero dadas las circunstancias es comprensible que lo último que quiere es enfrentarse con un personaje de sus características.
Para hacer todavía más complicado el dilema ante Cristina, el pedido de informes del fiscal general de Suiza, el que acaba de bloquear preventivamente una cuenta de casi dos millones de dólares estadounidenses a nombre del presidente de la empresa Covelia que se atribuye al camionero, llegó justo cuando los sindicalistas la presionaban para que aceptara a un hombre de Moyano, el diputado Héctor Recalde, como su compañero de fórmula si opta por buscar la reelección.
Huelga decir que a muchos kirchneristas no les gustó para nada la propuesta: temen que la diputada Elisa Carrió haya estado en lo cierto cuando dijo que "Moyano podría ser el Herminio Iglesias de la época de Alfonsín que haga perder al oficialismo por la desesperación electoral".
Por lo demás, en el entorno de la presidenta muchos recuerdan que, antes de aliarse con los Kirchner, Moyano era un representante cabal de la "burocracia sindical" contra la cual habían luchado con ferocidad los montoneros y otras organizaciones de ideología parecida.
Huelga decir que la actitud agresiva asumida por los sindicalistas bajo el pretexto de que "el movimiento obrero" es blanco de una ofensiva despiadada por parte de medios de difusión "monopólicos", la Justicia no sólo argentina sino también suiza e integrantes del gobierno kirchnerista, no contribuirá a convencer a muchos de su inocencia.
Por el contrario, la mayoría dará por descontado que los jefes sindicales permanentes saben muy bien que les sería inútil tratar de defenderse en los tribunales, de modo que no les queda más alternativa que intentar intimidar a quienes están investigando temas como la forma en que se manejaban las obras sociales de los gremios de los que tantos son jefes vitalicios.
Por cierto, a esta altura pocos dudarán de que si no fuera por el poder desmedido que han conseguido acumular y porque el gobierno sabe muy bien que, de quererlo, serían plenamente capaces de desatar una puja salarial incontrolable, varios dirigentes sindicales que aún están en libertad ya compartirían el destino del bancario Juan Carlos Zanola, que desde hace más de un año está entre rejas, y el recién detenido ferroviario José Pedraza.
Fuente: Opinion
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