APRIETES… Y LA ACTIVACIÓN DE LAS CAUSAS JUDICIALES.
Es evidente que las prácticas mafiosas del gobierno no han cambiado respecto a Kirchner…
Es más desde Maracaibo piensan en seguir adelante…
Es cierto que los críticos del gobierno tienen libertad condicional y los jueces también cargos condicionales si no hacen lo conveniente.
Nada es al azar, no solo el escándalo del tema del avión de los EE.UU. para tapar el narco-AVIÓN y la detención de Capaccioli.
Capaccioli habría lavado 15 millones de dólares provenientes del narcotráfico, y los aportes delas droguerías era solo en lo formal, no pusieron un peso, sino que además ganaron en el retorno de impuestos.
Es así claramente que Forza emitió muchos cheques sin fondos, que presuntamente fueron cobrados. (“)
La trama de la droga a España está en el he3rno de Luis Duhalde, que es delegado de la SIDE y seria el mismo cartel que compraba la droga de SW.
Donde hay un importante dirigente del Club Quilmes implicado y una trama más compleja, en la cual la SIDE que lo sabe , no se anima a decírselo a la presidenta.
Pero son diferentes tramas del negocio del narcotráfico del gobierno.
Los EE.UU. saben perfectamente de que se habla.
Y en los cables de Wikileaks que no se han dado a conocer se sabe lo que estamos diciendo.
Pero volviendo al tema de” Capa”, como le dicen los sindicalistas afirman que son 50 millones los que lavó, en realidad son 60 millones de pesos, (va el dólar estaba a 3 pesos entonces) , por eso se habla de 50 millones.
Hoy son 60 milllones.
Los Narco pusieron 15 millones de dólares para la campaña de Cristina.
Y se lavó a través de las droguerías.
Lo que afirma Fidanza es cierto en buena parte:
Graciela Ocaña asumió el Ministerio de Salud con un prejuicio que devino en certeza: el entonces superintendente de Salud, Héctor Cappacioli, era la punta de un ovillo de manejos corruptos con los cuantiosos fondos que administra ese organismo, que hoy rondan los 3.500 millones.
Lo que nunca imaginó la ex ministra es que esa madeja terminaría en el mismísimo despacho de su mentor político en el oficialismo, el por entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
Desde el minuto uno de su gestión como ministra, Ocaña puso la lupa sobre la Superintendencia y “peinó” de arriba hacia abajo la gestión de Cappacioli, en busca de una pista que confirmara sus sospechas.
No hizo falta trabajar demasiado para encontrar el filón.
Un plan simple
Bajo el prometedor nombre de “Plan de prevención de enfermedades”, Cappacioli y su equipo diseñaron un mecanismo ad-hoc para manejar grandes masas de dinero, justo cuando transcurría la campaña presidencial, que tenía en este funcionario al cajero oficial de Cristina Kirchner.
La iniciativa se programó en dos tramos de 50 millones cada uno.
“En enero pasado se distribuyeron más de 47 millones de pesos entre 52 Obras Sociales Sindicales y de Personal de Dirección, para que llevan a cabo 7 programas preventivos centrales: presión arterial, colesterol, obesidad, tabaquismo, cáncer de cuello de útero, diabetes, cáncer de colon rectal”, se entusiasmaba Capaccioli a principios del 2008, en el programa de cable “Salud y Comunidad” de Jorge Moreno.
Y fascinando prometía en mayo el desembolso de otros 50 millones ya que “según surge de las estadísticas, constituyen patologías que causan la muerte de nuestra población”.
De ahí la urgencia, claro.
En la ocurrente propuesta también trabajó el entonces subgerente de Control Prestacional, Fernando Scopinaro, un allegado a Néstor Vázquez, el hombre fuerte en el manejo de este organismo en la última década, además de presunto socio del denominado “Yabrán” de los medicamentos, Néstor Lorenzo.
Las fuentes revelaron como se instrumentó este programa, en un relato que impacta porque revela como aún los organismos mejor diseñados y con los fines más loables –en el caso de la Superintentencia controlar el gasto y los servicios de las obras sociales- se pueden desvirtuar al punto de provocar las irregularidades que deberían combatir.
Según las fuentes consultadas por La Política Online, el plan se giró a algunas obras sociales “elegidas” para que estas a su vez lo copiaran y remitieran nuevamente a la Superintendencia “solicitando” el servicio.
La operatoria fue tan desprolija que en el apurado cruce de faxes se traspapelaron hojas y algunos expedientes tienen problemas de foliatura.
El “método” CapaccioliLa aficción de Héctor Capaccioli por instrumentar planes con cuantiosos fondos y escasos controles no es nueva.
En 2005, cuando Alberto Fernández negoció con Aníbal Ibarra su designación como secretario de Descentralización de la Ciudad, Capaccioli se apresuró a crear un programa para arreglar veredas.
Un informe publicado en exclusiva por LPO, reveló entonces que se hicieron menos de la mitad de los trabajos declarados, se fraguó los datos de los empleados y se les pagó con fondos de otras dependencias (ver nota adjunta).
Tanta desprolijidad a la hora de la gestión pública, no fue óbice para su éxito en la esfera privada. Capaccioli es mencionado en el mercado gastronómico como uno de los afortunados dueños del mega restaurant “Tierra de Parrilleros”, ubicado en una de las zonas más costosas de Puerto Madero.
Las “elegidas”
El 27 de diciembre de 2007, Capaccioli firmó la resolución 806 que habilitó el reparto de 47,7 millones de pesos entre las obras sociales.
Lo curioso es que los recursos no se distribuyeron en proporción al caudal de afiliados de cada obra social.
El repaso de los beneficiados por esta tómbola revela que los más cercanos a Hugo Moyano –y por ende al Gobierno- recibieron los premios más gordos.
Los camioneros se llevaron 4 millones de pesos, mientras que a los empleados de comercio, mucho más numerosos, les asignaron 5 millones.
Mientras que los gastronómicos de Luis Barrionuevo se llevaron 1.300.000 pesos, muy poco más que los trabajadores del turf, acreedores a 1 millón.
Así, mientras que el gremio de los trabajadores rurales recibió $ 1,58 por afiliado, y el de sanidad, $ 1,90; el de locutores obtuvo $ 254, y el de consignatarios de hacienda $ 478. Esas arbitrariedades llevaron a Manuel Garrido, entonces fiscal de Investigaciones Administrativas, a abrir un expediente.
“El programa era impresentable, un invento total”, graficó a La Política Online una fuente que se cruzó con los expedientes.
Ocaña en operaciones
Graciela Ocaña nunca se vio obligada a utilizar esta documentación para concrear la salida de Capaccioli.
Antes de jugar esa bala de plata, el ex funcionario le ofreció una excusa más pederestre, sus desaforados gastos de caja chica, que incluían abultadas facturas de la vinería Winery y según comentan los allegados a la ex ministra, hasta rubros insólitos como lencería.
Con esos comprobantes en la mano, la ex ministra logró la salida del cajero de la campaña Cristina 2007.
El desenlace le provocó a Ocaña una pelea fea con Alberto Fernández.
Es que acaso la ministra no registró que si Capaccioli era el cajero de campaña, el oficio lo había aprendido de un viejo conocedor en esos menesteres, nada menos que el entonces jefe de Gabinete, que debutó en esa posición en la campaña Duhalde-Ortega en la que se cruzó con los tóxicos activos de Aldo Ducler.
Incluso, en la campaña Cristina 2007, si bien Capaccioli era el recaudador oficial, el fruto de su tarea se consolidaba en una peculiar reunión de clearing que se realizaba todos los viernes en el despacho de Alberto Fernández y a la que asistían además de los dos nombrados, Sebastián Gramajo y Hernán Diez.
El primero actual legislador porteño y el segundo director de Lotería Nacional, organismo sobre el que Capaccioli mantiene cierto control, de ahí que actualmente se desempeñe como “gerente” del canal de juegos Gambling TV.
El folcklore del peronismo porteño comenta que luego de un prolijo recuento, el propio Alberto Fernández introducía los fondos recaudados en la caja fuerte de su despacho.
Fotocopiar los expedientesUna máxima no escrita de la política argentina, sugiere fotocopiar los expedientes más sensibles antes de abandonar de manera traumática un cargo.
Se trata de una especie de seguro de retiro y llegado el caso hasta de vida.
Luego de la salida de Capaccioli asumió en la intendencia el abogado Juan Rinaldi, supuestamente un hombre de Moyano.
Pero la realidad sería un poco mas matizada. “Rinaldi ya es un perro callejero, no reconoce al amo”, se divertía ante La Política Online un experimentado operador del submundo de la salud sindical.
Lo cierto es que este abogado millonario, amante de las carreras de autos, se dio por orden de Ocaña a la tarea de “ordenar” los expedientes del famoso plan de prevención de Capaccioli.
Pero leal a sus viejos vínculos del mundo sindical lo hizo con su propia lógica no traumática.
“¿Muchachos, porque no se vienen?
Vamos a tener que emprolijar estos papeles”, sugería el abogado Rinaldi a sus amigos sindicalistas. Pero el diablo, como suele hacer, metió la cola.
Ocaña ingresó en una etapa de guerra abierta con Moyano; y el jefe de la CGT lejos de aceptar las sugerencias “emprolijadoras”, comenzó a presionar fuerte para que la Superintendencia liberara el segundo tramo de 50 millones del programa de Capaccioli.
“La situación de Rinaldi era imposible, estaba en el aire por las presiones cruzadas que recibía”, agregó a La Política Online una de las fuentes consultadas.
La ministra le ordenó trabar todo giro de fondos y empezó a reclamarle el envío de los expedientes, que contrareloj en la Superintendencia trataban de “empolijar”.
Así, cansada de esperar, la ministra sacó una insólita resolución exigiendo el envío de los expedientes, algo que usualmente se resuelve con un llamado telefónico.
Fue “game over” para Rinaldi. Giró las carpetas –no le quedaba otra opción legal- y de inmediato Moyano exigió su renuncia a la ministra. “Necesito que lo saques a Rinaldi”, le dijo el camionero.
“El hace lo que yo le pido, tenes mi renuncia, si querés llevasela a la Presidenta”, lo corrió Ocaña. Claro, no imaginó que el camionero le iba a tomar la palabra y tanto Rinaldi como ella terminarían fuera del Gobierno.
Pero antes de irse, Ocaña fotocopió prolijamente los expedientes del famoso plan de Capaccioli, que hoy descansan en un lugar seguro. Material que contiene firmas –incluso de actuales funcionarios- que llegado el caso, la Justicia estaría muy interesada en estudiar.
La pata del Narcotrafico:
Hay un detalle, Moyano esta hasta la manos con el tema de los medicamentos, mas que Venegas… o algún otro ,muchacho No confió una fuente.
Y en el narcoavión hay un financista d ela zona sur…
En el caso de la pata del Narcotrafico, Sanz detalle bien esos nexos:
“La verdad es que nosotros no pusimos un peso, sólo firmamos y aportamos una serie de cheques (…)
Te pagaban el 6% de lo que firmabas y te aseguraban que iban a darte la posibilidad de hacer negocios con la superintendencia (de Servicios de Salud)
¿Cómo no íbamos a entrar?”, confesó la fuente en estricto off the record.
Acto seguido, frente a las pertinentes preguntas de este medio, dio certeras y polémicas definiciones:
-”Todo se hizo en la oficina de (Héctor) Capaccioli”, superintendente de Servicios de Salud.
-”La cola de personas que firmaron era enorme, te aseguro que ninguno de ellos puso un mango” (1).
-”El encargado de gran parte de la operatoria fue (José Luis) Salvatierra”, ex interventor del Hospital Francés y hombre de confianza de Capaccioli y el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández”.
Las afirmaciones del empresario sólo ratificaron lo que ya se sabía y que se viene denunciando desde este y otros medios: que existió un elocuente “blanqueo de dinero” de los fondos que financiaron la campaña de Cristina Kirchner, los cuales, se presume, provinieron de cárteles de la droga de Colombia y de México.
A ese respecto, existe una denuncia puntual presentada por diputados de Coalición Cívica y que promete traer grandes dolores de cabeza al oficialismo.
2-La muerte de los empresariosUno de los nombres más importantes en el marco de la investigación del asesinato de los “empresarios” en General Rodríguez es el de Ibar Esteban Pérez Corradi —mencionado por primera vez por este periódico—, sospechado por la embajada de Estados Unidos de ser el nexo entre cárteles de la droga mexicanos y ciertos laboratorios y droguerías.
Asimismo, es quien habría negociado con funcionarios del kirchnerismo el ingreso de dinero del narcotráfico para la campaña de Cristina Kirchner a cambio de impunidad para sus “empleadores” aztecas.
En ese marco se entendería la falta de controles fronterizos, la ausencia de radares y la resistencia de cierto ministro de la Nación a la hora de reglamentar una ley de precursores químicos.
Pérez Corradi fue denunciado en dos oportunidades por Sebastián Forza por amenazas, motivo por el cual no se entiende por qué la Justicia aún no lo llamó a declarar en el marco de la causa que investiga su muerte.
¿Acaso posee un “paraguas protector” desde lo más granado de la política vernácula?
Otro de los personajes que en las últimas horas los investigadores han puesto en la mira por sus amenazas a Forza es Marcelo Abasto, también mencionado por este medio antes que ningún otro.
El 3 de septiembre de 2008, antes de que apareciera siquiera mencionado en la causa judicial, Tribuna de periodistas publicó que era una de las personas que debía investigarse:
“Marcelo Abasto es un joven sanjuanino, titular de droguería Multifarma que ostenta el mismo récord que el de los asesinados: aportó dinero a la campaña presidencial y posee docenas de cheques rechazados por un total de $1.361.872,22.” (2)
Aunque se intenta despistar a la opinión pública asegurando que la responsabilidad en torno al triple asesinato gira en torno a sicarios mexicanos, cada día cobra más fuerza la línea sostenida por este periódico respecto de la responsabilidad de fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires.
¿Quién, si no, podría haber liberado la zona donde ocurrieron los hechos? ¿Qué mejor estrategia que hacer creer que se trató de narcos mexicanos utilizando su misma metodología a la hora de matar?
En el mismo sentido, se quiere hacer creer que la responsabilidad de todo le cabe a un cártel mexicano que se sintió traicionado por un supuesto envío de efedrina “rebajada con sal” (¿?), el cual habría enviado sicarios que entraron y salieron cómodamente del país, sin intervención de funcionarios argentinos.
¿Es creíble semejante disparate?
¿No fue contraproducente acaso para los narcotraficantes mexicanos lo sucedido, al haber perdido la gallina de los huevos de oro?
Antes de continuar, es necesario remarcar un par de certezas:
1-Las dos principales pistas que sigue la Justicia —la de la efedrina y la de los remedios adulterados—, han mostrado ser parte de una sola línea.
Se ha demostrado que casi todas las firmas que aparecieron relacionadas al tema “efedrina” también estaban vinculadas a negociados con medicamentos “truchos”.
2-A esta altura, los investigadores creen que el móvil principal de la muerte de los jóvenes está relacionado al intento de quedarse con un mercado que estaba copado por otro grupo: el de la exportación de efedrina.
En esta línea tendrían relevancia el mencionado Pérez Corradi y su “subalterno”, Luis Marcelo Tarzia.
3-Ninguno de los “negocios” llevados a cabo por estos intermediarios con los cárteles de México podría realizarse si no existiera la connivencia de funcionarios del kirchnerismo, especialmente de sectores vinculados al Ministerio del Interior, el de Justicia y la Dirección Nacional de Migraciones.
Estas certezas son las que permiten entender por qué se intenta desinformar incesantemente a los medios y por qué no se avanza más allá del señalamiento sobre ciertos “perejiles”.
3-Conexiones peligrosasEn las últimas horas, Solange Bellone —viuda de Sebastián Forza— comenzó a apuntar sus cañones hacia Ibar Pérez Corradi. Lo hizo crípticamente, pero sin pelos en la lengua, al asegurar que el culpable de la muerte de su marido es “una persona que tiene un gran apoyo político”.
En el mismo sentido, agregó que los tres jóvenes “cayeron en una trampa”.
Un dato aún desconocido: Forza trabajó con Pérez Corradi en una oficina ubicada en Pasaje King de esta Capital Federal. Aunque no trabajaban juntos, eran “asociados”: Forza acercaba los negocios y Pérez Corradi ponía el dinero.
“Cuando ibas a la oficina no podías dejar de impresionarte porque había una mesa llena de dinero que traía Corradi para ‘blanquear’.
Sebastián lo ayudaba comprando y vendiendo remedios y ambos sacaban jugoso provecho de la situación”, aseguró a este medio un empresario que supo frecuentar el mencionado lugar.
A fines de 2007, Forza y Pérez Corradi rompieron lanzas, hecho que habría hecho trastabillar financieramente al primero.
A partir de allí vendrían las amenazas y las consecuentes denuncias en la Justicia.
Lo demás, es historia conocida.
Por todo lo mencionado es que debe profundizarse la indagación sobre las amenazas que recibía Sebastián Forza, no sólo por parte de Corradi, sino también de un tal “Cali”, cuya identidad intenta determinar la Justicia en estas horas.
Otro de los personajes bajo sospecha es Martín Magallanes, a la sazón socio del suicidado Ariel Vilán y con fuertes vínculos con el anteriormente nombrado Tarzia.
Es dable recordar que Tarzia es el único argentino detenido junto a nueve mexicanos en el allanamiento de Ingeniero Maschwitz del 18 de julio pasado, donde se secuestró, entre otras cosas, gran cantidad de precursores químicos (3).
No casualmente, Tarzia tenía un celular específico para comunicarse con otro de los mencionados en esta causa, Marcelo Abasto, y ambos tenían comunicación directa con Pérez Corradi.
Hablando de este último, el jueves 4 de septiembre último, por orden del juez Faggionatto Márquez, la policía de Tráfico de Drogas Ilícitas allanó una droguería situada en Constituyentes 390 de General Pacheco, donde se encontró documentación sobre la compra de 650 kilos de efedrina.
Aunque mucho se especuló sobre el real funcionamiento del lugar, por el estado abandónico en el que se encontraba al momento del allanamiento, pocos saben que el mandamás de la supuesta “droguería” es Pérez Corradi.
Eso quizás ayude a entender por qué el sindicado como dueño del galpón, Jorge Alberto Ochoa, aún se encuentra prófugo de la Justicia.
Otra vez la misma pregunta:
¿No es pertinente que la Justicia cite a Pérez Corradi?
ConcluyendoLa incesante presión oficial de los últimos días, es la prueba más cabal de que el curso de la investigación preocupa a más de un funcionario kirchnerista.
Por caso, Ana María Yacobucci, titular de la fiscalía Nº 32 de esta Capital Federal, es una de las más afectadas por ello y evalúa en estas horas abandonar por completo el expediente por la muerte de los jóvenes.
Pase lo que pase a futuro, quien esté a cargo de la causa deberá indagar sobre las siguientes personas a efectos de llegar a la verdad:
-Martín Lanata: funcionario muy cercano a un ministro de la Nación. Es quien, inexplicablemente, dio permiso de portar armas a Forza y a Pérez Corradi.
-Guillermo Martinero: un abogado que cambiaba cheques a Pérez Corradi, Forza y otros titulares de firmas sospechosas.
-Los hermanos Marcelo y Diego Colosa: proveedores de la obra social del Hospital Militar y asiduos viajeros entre Perú y Buenos Aires.
El nexo entre estos y los demás mencionados es Martinero.
-Ricardo Martínez: Padre del actor Mariano Martínez y uno de los más importantes compradores de efedrina.
-Chepi Mondragón: Suboficial de la Policía Federal, le cobraba un peaje a Forza para avisarle cuando podía ser pasible de algún allanamiento.
-Horacio Román (4): Ex senador por la Provincia de Buenos Aires.
Fuertemente vinculado a la industria farmacéutica y sindicado como padrino de varios jueces, fiscales y comisarios del conurbano.
Finalmente, un dato para preocupar al gobierno: el narco mexicano Jesús Martínez Espinoza —fuertemente vinculado a Tarzia— no está prófugo como se cree, sino que colabora con la DEA en estas horas.
Christian Sanz
En conclusión es evidente selavoó plata para la campaña de Cristina, provceniente del narcotráfico y lsavada en este caso con la droguerías, que también proveían a los narcos de efedrina, por eso se eleigio a estas y no otro método de lavado.
El negocio tenia muchas aristas, no solo los medicamentos truchos o adulterados, sino además efedrina y lavado de dinero.
Por ahora usted sabe que no sucederá nada, pero con el tiempo la verdad se sabe.
Seria bueno ver entonces las actitudes del Gobienro de los EE.UU. hacia la Argentina y se dará cuenta como “viene la mano”.
Héctor Alderete
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