WikiLeaks había sido demasiado expansivo con el cotilleo de la política vernácula, con las confesiones de café de los políticos argentinos, que hablan en reserva como nunca lo harían en público.
Se echaba de menos ya el tema omnipresente de la política argentina durante las últimas dos décadas:
la corrupción, que el sitio de Julian Assange lo trató sólo con menciones superficiales.
WikiLeaks está haciendo públicos documentos del gobierno norteamericano, pero, como bien señaló el diario El País, no es el único gobierno ni la única fuente internacional que se inquietó por las prácticas corruptas de las sucesivas administraciones argentinas.
Poco tiempo después de que asumiera Néstor Kirchner la presidencia de la Nación, en 2005, varias embajadas de países centrales manifestaron su preocupación por lo que parecía convertirse en una rutina.
Funcionarios del Estado reclamaban comisiones a cambio de decisiones que concernían a obras públicas o a empresas de servicios públicos, que en aquellos años estaban mayoritariamente en manos de compañías extranjeras.
La Nacion publicó en su momento que esa molestia existía entre diplomáticos extranjeros, porque éstos recibían las denuncias informales de las propias empresas.
La reacción del ministro de Planificación, Julio De Vido, que era el más perjudicado por aquella filtración, consistió en pedirle a cada una de las propias empresas una carta en la que aseguraban que nunca habían recibido un pedido de soborno ni lo habían pagado.
De Vido confeccionó una extravagante carpeta con todas esas cartas y se la llevó al entonces presidente Kirchner; le propuso a éste hacer una conferencia de prensa para dar a conocer tales cartas.
Entonces, intercedió el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández con una pregunta que De Vido no pudo responder:
"¿Y quién te va a creer?".
La conferencia de prensa no se hizo y De Vido archivó esa carpeta, que seguramente todavía existe.
La Argentina no está sola en América latina, en efecto, donde abundan los políticos ricos entre millones de ciudadanos muy pobres.
El proceso es socialmente injusto y termina por debilitar a la democracia, que es la conquista más importante de la región desde los años 80.
Lo único extraño en el país es la vigencia que aún tienen políticos que han soportado serias denuncias por corrupción.
Es el caso del ex presidente Carlos Menem, convertido, por obra y gracia del transfuguismo político, en una suerte de fiel de la balanza en el Senado.
Es una balanza desequilibrada, porque Menem termina siempre volcándose hacia el Gobierno.
¿El motivo?
La necesidad de conservar los fueros de senador que lo alejan de los jueces.
Es cierto que, en algunos casos, empresas que se quejaron ante sus embajadas en la época de Kirchner habían pagado sobornos en los tiempos de Menem.
Tal vez no quisieron pagar dos veces por el mismo producto o el precio que les pidieron era demasiado alto.
Sea como fuere, la Argentina no se convirtió en un país con malas reglas, sino en un país sin reglas.
La inversión externa se redujo dramáticamente en la última década hasta depositar a la Argentina en el sexto país de América latina en el ranking de naciones que reciben inversión externa directa.
Muchos factores llevaron a esa inexplicable decadencia (como la crisis de 2001 y 2002), pero la extendida corrupción fue uno de ellos.
Las comisionesLos cables conocidos ayer hacen mención de la salida del ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido, un funcionario que cumplió cabalmente con su función.
Sólo cabe reclamarle a Garrido por qué se fue o, dicho de otro modo, por qué no se quedó para dar batalla en un lugar del que no podían relevarlo.
Lo cierto es que ese cargo nunca tuvo luego de Garrido ninguna relevancia.
El otro auditor de las decisiones de la administración, Leandro Despouy, jefe de la Auditoría General de la Nación (AGN), se quedó entonces muy solo, en el centro de incontables intrigas kirchneristas para debilitarlo, callarlo o directamente expulsarlo del cargo. Despouy resiste hasta ahora.
El requisito de pagar una comisión (15 por ciento, asegura uno de los cables) para conseguir decisiones económicas de la administración no es una noticia nueva.
Un gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, renunció en su momento porque no quiso adjudicar obras públicos con precios sobrevaluados de tal manera que le hubiera sido imposible explicar ante los jueces.
La presión para que firmara tales adjudicaciones venían del gobierno central, en poder de Kirchner.
Dicen que también el enfrentamiento definitivo de Acevedo fue con De Vido.
La información de WikiLeaks coincide en el tiempo con la investigación por enriquecimiento ilícito abierta contra el poderoso secretario de Obras Públicas, José López, el funcionario que, desde la muerte de Néstor Kirchner, está encargado de presionar a gobernadores e intendentes con la amenaza de los dineros del Estado.
El blanqueo de capitales depositados en el exterior durante 2009 fue también motivo de una intensa polémica local. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció entonces que se trataba de blanquear fondos obtenidos mediante prácticas corruptas.
Fue, en verdad, una decisión demasiada laxa y benévola para los dueños de esos capitales, que, al menos, habían evadido los impuestos argentinos.
El mensaje diplomático pone énfasis en los capitales provenientes del juego, a los que siempre se asoció al kirchnerismo por su cercanía con el empresario del juego Cristóbal López.
El cable no nombra al empresario, en rigor, sino al negocio en cuestión.
A pesar de todo, el fundamental e irresuelto problema argentino en el tema de la corrupción está inscripto también en esos correos diplomáticos:
los jueces y la Justicia.
Sólo la Corte Suprema de Justicia logró reconstruir un prestigio público que mantiene intacto.
Los estamentos inferiores de la Justicia son, en cambio, motivo de un intenso recelo por parte de la sociedad.
Algunos jueces le dan pruebas a la sospecha:
Norberto Oyarbide sobreseyó a los Kirchner por su declaración patrimonial, imposible de creer, en menos tiempo del que le lleva leer un diario.
El sistema ayuda a esa perversión de la misión de los jueces, porque el destino de éstos está sometido a la voluntad del Gobierno, a través del Consejo de la Magistratura.
De hecho, a Menem lo juzgaron y lo encarcelaron por el tráfico de armas un año después de que dejó el poder.
La causa se había abierto seis años antes.
Los cables no dicen más que lo que ya había denunciado la prensa argentina, pero muestra un universo de diplomáticos extranjeros con su propia información sobre la corrupción argentina.
Los diplomáticos europeos incluso podrían contar muchas más cosas que los norteamericanos.
¿Lo harán algún día?
Joaquín Morales Solá
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