AL BORDE DEL COLAPSO

GRAN parte de las empresas distribuidoras de electricidad del país, en particular las de la región metropolitana de Buenos Aires, están mostrando un avanzado agotamiento financiero como consecuencia del irracional retraso de las tarifas a lo largo de toda una década. 

Esto les ocurre a pesar de haber reconocido precios también insuficientes sobre la energía recibida de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista de Energía (Cammesa) y ésta, a su vez, de las compañías generadoras.

La principal responsabilidad de esta grave situación que provoca debilidad y riesgos en un servicio público esencial recae en el gobierno nacional. Bajo su jurisdicción regulatoria se encuentran las prestatarias más importantes y más comprometidas.

Ha sido una política tarifaria equivocada, imposible de justificar frente a una persistente inflación que ha provocado el aumento constante de los costos operativos, incluyendo los salarios e insumos. 

Sin ir más lejos, anteayer, Transportadora de Gas del Norte (TGN) se declaró en convocatoria de acreedores, por lo cual su acción fue suspendida en la Bolsa porteña. 

La firma quedó en medio de un embrollo judicial tras haber fracasado en la renegociación de una deuda de US$ 347 millones.

El modelo impuesto a las distribuidoras sigue siendo terminal. 

Se ha privado a sus directorios y administradores de la posibilidad de gestionarlas desde la razonabilidad, mientras el Estado ha reforzado su presencia, por ejemplo en Cammesa, con dos representantes de La Cámpora: 

Juan Manuel Abud y Paula Español, como gerente general y gerenta de Finanzas, respecticamente, de esa compañía.

El final de esta política no puede sino llevar a un deterioro en la calidad y continuidad de los servicios. Las autoridades regulatorias de algunas provincias advirtieron que el congelamiento de tarifas destrozaría a sus empresas distribuidoras. 

Por ello, otorgaron ajustes en jurisdicción de sus respectivas provincias, pero se vieron luego frustradas cuando desde el plano nacional se las neutralizó con la imposición de multas arbitrarias que compensaban el oxígeno que cada ajuste suponía.

En momentos en los que cruje el modelo energético oficial también parece recrudecer la inflación. 

Es un escenario políticamente difícil para subir sustancialmente las tarifas eléctricas y permitir la supervivencia de las compañías distribuidoras y generadoras.

El gobierno nacional lo ha entendido claramente al tener que suspender la eliminación de los subsidios luego de haberlos quitado en las áreas residenciales de mayor poder adquisitivo. 

Esto supone admitir una verdad dura: ninguna de las alternativas para corregir una distorsión acumulada durante una década tiene consecuencias menores.

El Gobierno carece hoy de capacidad financiera para sostener los subsidios y debe optar entre continuar con una tarea de demolición empresaria que pone en riesgo un servicio esencial, o bien tendrá forzosamente que pagar el costo político de una normalización tarifaria antes de que sea demasiado tarde.