LA TINELLIZACION DE LA POLITICA NACIONAL
conseguir que Marcelo Tinelli deje Canal 13 para pasar a Telefé, poniéndose al servicio del plan mediático del oficialismo para ganar las próximas elecciones.
Pero el dato que le da especial gravedad a esta operación es que el popular conductor estaría siendo chantajeado.
En caso de no aceptar la “propuesta”, saldrían a la luz escándalos de drogas y sexo.
Más específicamente, la presión que desde el poder se ejercería sobre Tinelli estaría vinculada a una causa judicial que tramitan en Punta del Este la jueza Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero.
Se trata de la investigación por una red de prostitución vip descubierta en esa ciudad en febrero del 2012 y que tendría como cabeza al empresario Leandro Santos, luego detenido en Uruguay.
Desde un principio, se señaló que la investigación también alcanzaba a la conexión entre Santos y Tinelli y su empresa Ideas del Sur.
Ahora, operadores de la Casa Rosada estarían en condiciones de complicar a Tinelli aportando información al expediente.
Esta metodología que utilizaría el cristinismo para someter a un comunicador de influencia decisiva en la opinión pública no sería para nada un caso aislado.
Con distintos matices, algunas de las principales figuras de la política nacional estarían siendo presionadas desde los niveles más altos del poder.
El 24 de agosto del 2012, el fiscal federal Jorge Di Lello le solicitó al juez Norberto Oyarbide que la causa de las escuchas ilegales sea elevada a juicio oral y público.
En la misma Mauricio Macri está acusado de incurrir en los delitos de asociación ilícita y de falsedad ideológica de instrumento público en la intervención telefónica a su cuñado.
Dos meses más tarde, Sebastián Casanello juró como nuevo titular del Juzgado Federal N° 7, que hasta entonces era subrogado por Oyarbide.
Transcurridos ya seis meses desde el pedido de Di Lello, Casanello continúa sin definir la elevación a juicio oral de la causa que podría, en caso de resultar condenado, liquidar la carrera presidencial de Macri.
Fuentes judiciales coinciden en una conclusión que, por otra parte, es obvia: el gobierno estaría haciendo valer su influencia en la justicia federal para postergar la elevación a juicio oral, con el objetivo de condicionar la conducta política de Macri.
Por ejemplo, si el jefe del PRO decidiera enfrentar este año al gobierno presentándose como primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires, repentinamente la causa podría agilizarse y pasar a juicio oral.
Entonces, el cristinismo acusaría a Macri de buscar los fueros de una diputación nacional para escapar a una segura condena. De este modo se trataría de evitar a toda costa que aquél opte por disputarle al cristinismo los votos peronistas en el distrito donde se decidirán las chances de una reforma constitucional.
Y, en caso de seguir las cosas como están, esta espada de Damocles sería utilizada contra el PRO en el momento oportuno.
El recurrente caso Scioli
Daniel Scioli tampoco escapa a esta metodología de coacción y su caso es bastante más público. No es un secreto que el gobierno nacional le exigiría al gobernador bonaerense que congele su candidatura presidencial con miras al 2015 y deje de hablar de esas aspiraciones.Ésa es una condición central para que el Tesoro reanude su asistencia financiera, de modo que la provincia pueda superar su complicada situación presupuestaria y pagar aumentos de salarios a los docentes y a los empleados estatales.
La coacción a Scioli, a diferencia de los casos de Tinelli y Macri, no es por un expediente judicial sino por una amenaza política.
Un desfinanciamiento de los sueldos podría provocar una crisis de gobernabilidad en Buenos Aires.
Se trata de un calco de la coacción del kirchnerismo sobre el gobernador el año pasado, cuando se anunció que la provincia no recibiría asistencia para pagar el medio aguinaldo.
En este caso en particular, las amenazas del cristinismo son relativamente creíbles, ya que una crisis de gobernabilidad en Buenos Aires podría hacer colapsar también al gobierno nacional.
En Santa Fe, el gobierno nacional hizo estallar en noviembre pasado el escándalo de la conexión policial con el narcotráfico conocida como el caso Tognoli, el ex jefe de la policía provincial que fue detenido y pocas semanas después liberado.
Distintas declaraciones y operaciones mediáticas manipuladas desde el kirchnerismo mostraron a las claras que se buscaba condicionar fuertemente al gobernador Antonio Bonfatti y a Hermes Binner.
En otras palabras, que la profundización o la contención del escándalo dependían de cómo se comportara la cúpula socialista con la Casa Rosada.
En otro campo totalmente distinto, la utilización de la AFIP como instrumento para coaccionar a los que disienten con el gobierno no es precisamente un hecho nuevo.
El domingo 8 de julio del año pasado, el diario de Ernestina Herrera de Noble publicó una nota en la que varios empresarios contaban cómo los estaba impactando la desaceleración de la economía.
Uno de ellos era Jorge Toselli, dueño de JT Inmobiliaria.
En su reportaje, Toselli había señalado que a la empresa solía concretar entre 12 y 15 boletos mensuales pero “el mes pasado, apenas cerramos dos”.
Su compañero Rodrigo Saldaña había agregado que “los dólares ya son de colección” y que “la sensación que tiene la gente es que, si se desprende de ellos, nunca más los va a recuperar”.
Tres días después, la presidente atacó así:
“El día domingo un diario hablaba de tres historias de la desaceleración de la economía.
Una conocida inmobiliaria decía que ya no entraba nadie a raíz de las medidas del Banco Central con respecto al dólar.
Y yo quise averiguar por esta pobre gente y llamé a Ricardo Echegaray a la AFIP y este señor no presentaba declaraciones juradas desde el año 2007”, señaló Cristina.
El escrache presidencial a un simple agente inmobiliario fue un mensaje contundente para acallar las críticas.
Cualquiera que hablara contra el gobierno, aunque no tuviese ninguna relación con la política, podría quedar expuesto no sólo a una casual inspección de la AFIP, sino a que se viole el secreto fiscal a través de un escrache oficial.
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