Pero en realidad no es así.
Cada vez hay noticias o información de nuevos hechos escandalosos, más graves e insólitos.
Días pasados se difundió en algunos medios, en un lugar y en un artículo no destacado, como si fuera una noticia más sin mayor importancia, de las muchas que se publican, una información que me pareció tan absurda que no se podía creer.
Pese a estar más que curtido y acostumbrado a estas noticias, no podía salir de mi estupor y dar crédito a lo que los periódicos informaban.
Ante una acción de amparo, iniciada hace un par de semanas atrás por parte de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el Ministro de Justicia, Julio Alak, reconoció que se entregaron 12 millones de pesos en concepto de indemnizaciones.
¿A quiénes? A familiares de guerrilleros, que en pleno período de gobierno democrático, entre 1973 y 1976, atacaron cuarteles e instalaciones militares.
No eran guerrilleros ultimados por el gobierno militar como uno podría colegir inicialmente.
Fueron ultimados en acciones de combate, cuando las Fuerzas Legales defendieron sus cuarteles e instalaciones de su artero asalto y sorpresiva acción.
En otras palabras eran guerrilleros que murieron en acción, cuando intentaban copar Unidades militares o comisarías.
En otros términos para que no haya ninguna duda de interpretación, guerrilleros terroristas que atentaron contra instituciones de la República, buscando derribar el régimen democrático vigente, para instaurar mediante la violencia de las armas, un régimen castro marxista leninista, similar al existente en la “progresista” República de Cuba.
Los familiares de estos delincuentes que asesinaron a muchos argentinos que defendían las instituciones republicanas y el orden constitucional del país, fueron indemnizados por los gobiernos de Menem, De la Rúa, Duhalde, pero fundamental y mayoritariamente, con más dos millones de dólares, por la dinastía de los Kirchner, con cifras que oscilan entre 224.000 y 250.000 dólares norteamericanos por guerrillero fallecido.
Dentro de este enorme despropósito, totalmente opuesto al más elemental sentido común, se incluyó a un guerrillero que fue ejecutado por la propia organización guerrillera a la cual pertenecía.
Esta decisión gubernamental molesta no solo por lo absurdo, sino también porque pretende encuadrarse en la hipócrita y falaz utilización de la bandera política de defensa de los “Derechos Humanos”.
Como cruel e irónica contrapartida, nunca hubo reconocimiento, ni compensación económica ni indemnización de ningún tipo para aquellos, como el Teniente de Navío Mayol, los soldados Salvatierra, Torantes y Villalba o el Capitán Leonetti, entre muchos otros, cayeron en cumplimiento del sagrado deber de defender la Patria.
Mucho menos aún, el humilde agente de Policía de facción en una esquina de barrio, que fue asesinado simplemente para robarle el arma reglamentaria o los cientos de personas de la población civil inocente, víctimas del terrorismo, pero ajenas a las hostilidades de la guerra sucia.
Esta maligna y arbitraria discriminación está adecuadamente descripta en una editorial de un importante matutino (ref. 1)
Pero hay otro aspecto más que irrita y molesta sobremanera: La forma como el gobierno, con una discrecionalidad total e irresponsablemente, utiliza los fondos públicos.
Este dilapidar los dineros que los ciudadanos aportamos a través de la enorme presión impositiva, se suma al mega escándalo de las “Madres de Plaza de Mayo” y seguramente de tantos otros que sospechamos e intuimos, pero desconocemos en profundidad, hace que sea lícito pensar que nos encontramos frente a una verdadera asociación ilícita que tiene como objetivo, rapiñar y esquilmar los fondos públicos.
Vamos mal, pero cada vez peor.
Los absurdos gubernamentales, sin un mínimo de equilibrio y cordura, permiten pronosticar tiempos cada vez más difíciles.
NOTAS:
(1) Discriminación Entre Víctimas - Editorial diario “La Nación” - 01-10-11.
Dr. Alfredo Raúl Weinstabl
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