Que un jurista prestigioso como Zaffaroni haya procurado defenderse de esta manera pueril es casi tan sorprendente como fue la denuncia, formulada por la Fundación La Alameda, una ONG que lucha contra la trata de personas, según la que un miembro de la Corte Suprema está vinculado de algún modo con la prostitución.
Puede que Zaffaroni sea tan inocente como afirma, pero es indigno de su parte atribuir el revuelo que se ha producido en torno al asunto a "una campaña", táctica ésta que es habitual entre los políticos y sindicalistas que son acusados de enriquecimiento ilícito u otros actos de corrupción.
Como la mujer de César, es necesario que un juez de la Corte Suprema no sólo sea honesto sino que también lo parezca.
Zaffaroni no puede pretender que los demás le den el beneficio de la duda en base a su trayectoria profesional.
Tiene forzosamente que mantenerse por encima de toda sospecha.
Para continuar integrando la Corte, pues, le será necesario dar una explicación coherente y convincente de lo que ha sucedido.
No le será fácil.
Si fuera cuestión de un inmueble solo que funcionaba como un prostíbulo, la mayoría lo atribuiría a nada peor que la mala suerte o el descuido de un hombre ocupado por asuntos mucho más importantes, pero parecería que ya se han descubierto seis alquilados a comerciantes del sexo.
Una posibilidad es que todo sea culpa de quienes administran las muchas propiedades que están al nombre del juez, pero en tal caso se pondría en duda su capacidad para juzgar el carácter de sus socios, además de plantear preguntas acerca de los círculos en los que se mueve, que con toda seguridad no lo favorecerían.
A menos que Zaffaroni logre aclarar muy pronto el asunto escandaloso en que se ha visto involucrado, tendrá que optar entre renunciar a la Corte Suprema y enfrentar un juicio político.
Dadas las circunstancias, la primera alternativa sería la menos penosa.
Si bien escaseen los legisladores que quisieran ver defenestrado a un juez que hasta hace poco disfrutaba de una reputación envidiable, a la luz de la gravedad de los hechos no les quedaría otra alternativa que asumir la responsabilidad que les corresponde.
Mientras persistan motivos para suponer que, aun cuando Zaffaroni no lucrara con el negocio de la prostitución, toleraba que otros lo hicieran, lo que, es innecesario decirlo, lo hacía vulnerable al chantaje, carecerá de la autoridad moral que debería tener cualquier juez, para no hablar de un miembro de la Corte Suprema de Justicia.
La renovación, por medios cuestionables, de la Corte Suprema que emprendió el entonces presidente Néstor Kirchner resulta ampliamente considerada uno de los logros principales de su gestión.
La incorporación de Zaffaroni contribuyó a la restauración del prestigio de lo que es, al fin y al cabo, una de las instituciones fundamentales de la Nación.
La Corte no ha decepcionado, ya que en muchas oportunidades ha hecho gala de un grado notable de independencia del Poder Ejecutivo, pero las revelaciones en torno a lo que pasaba en diversas propiedades de Zaffaroni amenazan con transformarla una vez más en blanco del desprecio ciudadano.
Lo entienda o no Zaffaroni, de ahora en adelante millones de personas, tanto aquí como en el resto del mundo, creerán que en nuestro país administran la Justicia individuos estrechamente relacionados con el submundo del sexo comercial, un ámbito tradicionalmente propio de delincuentes de la peor especie, políticos corruptos y policías venales.
Por cierto, está en juego muchísimo más que el "equilibrio emocional" de una persona determinada.
Aunque amplios sectores ciudadanos parecen haberse resignado a la politización impúdica de la Justicia, ninguno estará dispuesto a respetarla si sospecha que uno de sus representantes más influyentes ha permitido que sus propiedades sean usadas como prostíbulos.
Es por lo tanto urgente que Zaffaroni consiga desvincularse por completo del escándalo.
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