viernes, 18 de mayo de 2012


ROBOILUSIÓN


Diputados oficialistas impulsan ley para limitar tamaño de los campos. 

Sería mediante una reforma del Código Civil, y establecerían un máximo de 5.000 hectáreas dentro de una misma provincia, como el límite que no podría superar en propiedad ninguna persona física ni jurídica. 

También abren la puerta a la expropiación de campos cuando se verifique que no pagan sus obligaciones tributarias. 

Los diputados Francisco Plaini (Buenos Aires) y Oscar Albrieu (Río Negro), ambos integrantes del bloque oficialista, presentaron un proyecto de ley que podría cambiar muchas cosas de aprobarse.

La iniciativa propone modificar el Código Civil de la Nación y retomar el espíritu de la Constitución peronista de 1949 en cuanto a la función social de la propiedad, incluida la tierra. 

Lo que proponen los legisladores, entre otras cuestiones, es la “prohibición” para cualquier persona física ni jurídica ni unidad agrícola familiar, de poseer “un inmueble rural que supere las cinco mil hectáreas (5.000 ha) dentro de la misma provincia”. 

La iniciativa establece otra modificación que traerá polémica, máxime después de la expropiación de YPF donde el gobierno ha demostrado que no le temblará la mano a la hora de asegurarse que su “modelo” político y económico tenga garantías de continuidad. 

Así los legisladores habilitan a la “expropiación o división y venta de los inmuebles rurales de grandes extensiones que no produzcan renta”. 

La norma prevé como forma de determinar la improductividad del campo “cuando no se pague impuesto vinculado a producción agropecuaria y/o industrial”. 

La iniciativa añade también otras modificaciones al Código, como asegurar el respeto a las servidumbres cuando haya propiedades que abarquen ríos o lagunas permitiendo el acceso y la circulación por el agua que atraviesa dichas propiedades. 

Otra de las modificaciones que plantea la norma es la impedir la subdivisión de una unidad económica en otra antieconómica, como ocurre en algunas provincias como Santa Fe, Río Negro, Córdoba, La Pampa mediante la reglamentación del Art. 2326 del Código Civil que es el que se plantea modificar. 

Los diputados se inspiran para el proyecto nada menos que en “la doctrina proclamada por el General Juan Domingo Perón que quedó plasmada en la Constitución de 1949 en su artículo 38 referido a la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica”, sostienen. 

“La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común” reza el mencionado artículo que recuerdan los legisladores. 

“Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo o intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. ...”, concluyen en su cita los diputados peronistas.

jueves, 17 de mayo de 2012

EL PRECIO DEL SILENCIO

Cuando a don Carmelo Stancatto, un humilde “laburante”, le propusieron ser Presidente del Banco Alas, le dijeron que cobraría unos tres millones de dólares y tal vez tendría que pasar un año “en cana”. Dado que aunque trabajase las 24 hs. durante diez vidas jamás juntaría ni la décima parte de ese dinero, aceptó complacido la oferta.

Así fue como, al saltar el escándalo por los turbios manejos de esa entidad bancaria, estuvo alojado en la Unidad nº 22 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada frente al Teatro Colón en la calle Viamonte 1147 de la Capital Federal.

Allí compartió su encierro con otros presos VIP, como fuera el caso del “culata” del presidente Alfonsín, el muy emprendedor Raúl Guglielminetti alias “Capitán Guastavino”.

Pero claro, los ocultos socios de Stancatto lo estafaron también a él y sólo le dieron “un palito verde” y le hicieron “comer” más de dos años de prisión. 



No obstante eso “El Tano” igual quedó conforme y nunca más se supo de él una vez recuperada su libertad y sólo los muy memoriosos recuerdan ese asunto.

Hoy, cuando es noticia la detención del parricida y ex apoderado de la empresa Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, vino a mi memoria el affaire Stancatto-Banco Alas.

¿Cuántos millones de dólares costará el silencio de Schoky y sus cómplices? ¿Tan grande será el botín obtenido por Sergio y Pablo, junto a su contador Gotkin? ¿Tamaña masa de dinero alcanzará para sufragar tanto sacrificio?

Al amparo de un juez complaciente se motorizó la noticia del día distrayendo a la sociedad de otros asuntos tan o más escandalosos que rodean a encumbrados funcionarios del kirchnerismo cleptómano.

En la víspera se conoció el avance de la denuncia por enriquecimiento ilícito promovida contra el vicepresidente, el Amado Boudou, también tomó conocimiento público una resolución de la Cámara de Casación revocando el sobreseimiento de Luis D’Elía por la toma de la Comisaría 24 (donde se robaron hasta un cuadro de Benito Quinquela Martín) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación mandó seguir investigando al Sheriff Guillermo Moreno, pero todas esas noticias hoy fueron eclipsadas por la detención de los hermanos Schoklender y el Contador Gotkin. 



 Por supuesto que el juez Oyarbide se olvidó de detener a la hija de la HP de Bonafini y de responsabilizar también a la titular de Madres de Plaza de Mayo, a quien tuvo como querellante para garantizarle cobertura e impunidad.

Mientras la expropiación de YPF ya ha sido denunciada por Repsol, quitando el tema de las primeras planas de los diarios y el joven Kicillof desplaza al Ministro De Vido promoviendo nuevas adquisiciones de otras empresas a las cuales sacarles los fondos necesarios como para seguir manteniendo el perverso sistema clientelar, los ojos del ciudadano común están puestos en el accionar de la Justicia, esperanzados, una vez más, en que alguna vez se honre la Verdad y se aplique la Ley, vana expectativa -a mi entender- durante el kirchnerato.

Las operaciones que se irán desarrollando para destruir opositores, utilizando los mecanismos judiciales, serán tan variadas que habrá de todo: acusaciones de espionaje a Sres. 



Periodistas como Santoro y Lobo, novelescas fábulas tejidas alrededor de los tenebrosos Ford Falcon verdes incautados en Bahía Blanca después de décadas de abandono pero de entre los cuales se esperan encontrar rastros de ADN del Jefe de la CGT Hugo Moyano (comparándose las “muestras” provistas por un taximetrero colaboracionista KK) para continuar con los CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, PARA TODOS Y TODAS, entre otras rocambolescas maniobras.

Un ominoso futuro se cierne sobre nuestro país. 



Lo lamentable es que los responsables sean quienes manejan nuestro destino.

miércoles, 16 de mayo de 2012


ESTE ES VUESTRO VICEPRESIDENTE

Imputaron a Boudou por enriquecimiento ilícito

Es el primer paso de una nueva causa en la que el fiscal Di Lello pidió investigar al vicepresidente, a su novia y a dos acusados del caso Ciccone; también solicitó información sobre 13 empresas.


Boudou y Agustina Kämpfer, en una foto reciente, en Puerto Madero. 
 
El fiscal federal Jorge Di Lello le imputó ayer al vicepresidente Amado Boudou un presunto "enriquecimiento ilícito" y pidió las primeras medidas de prueba para avanzar en esta nueva investigación penal.

El expediente que revisará el patrimonio de Boudou se desarrollará paralelamente al "caso Ciccone", donde el vicepresidente está acusado de haber realizado negociaciones incompatibles con su cargo para favorecer a los nuevos dueños de la imprenta gráfica que la semana última comenzó a imprimir miles de millones de pesos en billetes de 100. 

Por sorteo, el juez de ambos casos resultó ser el mismo: Ariel Lijo.

Como primer paso tras la imputación formal de Boudou, Lijo deberá decidir ahora si ordena las medidas que Di Lello solicitó ayer. El juez tiene pendiente, además, definir si acepta la recusación contra el fiscal Carlos Rívolo en el caso Ciccone, como pretende la defensa de José María Núñez Carmona, íntimo amigo y socio comercial de Boudou.

Como consecuencia del caso Ciccone -el antecedente más cercano de esta nueva causa contra Boudou-, el vicepresidente encabezó una ofensiva que provocó la renuncia del procurador general Esteban Righi. 

El Gobierno, a su vez, denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez anterior de la causa, Daniel Rafecas, que hace 20 días fue separado del caso por la Cámara Federal.

En la nueva investigación por supuesto enriquecimiento ilícito también quedaron imputados ayer Núñez Carmona y Alejandro Paul Vandenbroele, el monotributista que preside la nueva Ciccone y que tres meses atrás fue acusado por su ex mujer de ser testaferro de Boudou. Junto con Boudou, Núñez Carmona y Vandenbroele, el fiscal Di Lello también pidió investigar a la periodista Agustina Kämpfer, la novia del vicepresidente, con quien convive en Puerto Madero. 

Todos ellos son los señalados en la denuncia, realizada por un particular, que dio origen a la causa.


En su requerimiento de ayer Di Lello pidió además extender la pesquisa a 13 empresas y a "quienes podrían estar involucrados como accionistas o integrantes" en ellas, según informaron fuentes judiciales. 

La nómina de las firmas bajo investigación incluye a Inversiones Inmobiliarias Aspen y Hábitat Natural -firmas que Boudou declaró como propias en su declaración jurada de bienes-, y a Embarcaciones Argentinas, que figura a nombre de Núñez Carmona y de otro hombre cercano al vicepresidente, Juan Carlos López. Embarcaciones Argentinas aparece como dueña de un yate valuado en 295.000 dólares, según reveló la revista Noticias.

De Inversiones Inmobiliarias Aspen y Hábitat Natural son dueños Boudou y Núñez Carmona, mitad cada uno, según declaró el vicepresidente.

El fiscal también pidió investigar a varias empresas ligadas al caso Ciccone:

Compañía de Valores Sudamericana (continuadora de Ciccone Calcográfica SA); The Old Fund, que es su sociedad controlante, y London Supply, la empresa que aportó 1,8 millones de pesos a Vandenbroele para levantar la quiebra judicial de la imprenta.
La nueva causa en contra de Boudou se inició por una denuncia radicada por el periodista Christian Sanz, quien pese a haber sido citado por el juez no se presentó a ratificarla. 

No obstante, por la entidad de los presuntos hechos ilícitos denunciados, el fiscal advirtió que la ley obligaba a la Justicia a actuar "de oficio" y le dio curso.

Tanto las personas como las firmas que pidió investigar son las que mencionó Sanz en su denuncia. La lista de empresas incluye además a Fuerza Laboral, Beaver Cheek, Ruta Sur Rentals, Sulfargen, Nuevo Federal, La Isleña y Danlon.

En la fiscalía de Di Lello explicaron que decidieron impulsar la investigación a raíz de la "trascendencia institucional" de las "numerosas, mediáticas y mediatizadas causas en trámite" contra Boudou, Kämpfer, Vandenbroele y Núñez Carmona.

Los investigadores informaron que habían identificado más de diez expedientes "con contenido patrimonial", que apuntan directa o indirectamente contra ellos.

Di Lello mantuvo ayer un muy bajo perfil y no dio a conocer el texto de su requerimiento de instrucción.

LA NACION supo, no obstante, que el fiscal le pidió al juez detalles sobre los ingresos de los acusados y que le solicitó recolectar las declaraciones juradas de bienes presentadas por todos ellos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

(de la propiedad inmueble, automotor y de embarcaciones, entre otros) para precisar qué bienes inmuebles y muebles figuran a nombre de los imputados.

"Se pidieron diligencias a tenor de los protocolos de investigación elaborados por la Procuración General de la Nación para este tipo de delitos", informaron, formales, en la fiscalía. 

Esos protocolos prevén medidas para esclarecer posibles casos de corrupción y favorecer el recupero de fondos de origen ilegal.

Entre los diferentes pedidos que le hizo al juez, Di Lello le solicitó además que pusiera en conocimiento de todos los imputados la existencia y el contenido de esta nueva causa. 

El objetivo es no obstaculizar el derecho de defensa de los acusados y evitar futuros planteos que conspiren contra el avance del expediente.

En los últimos tiempos, Lijo se convirtió en el juez de Boudou: además del caso Ciccone y la nueva causa por presunto enriquecimiento, tiene a su cargo la investigación que el vicepresidente promovió contra el estudio Righi por un supuesto tráfico de influencias. 

Esa fue la denuncia que provocó la salida del Gobierno del entonces procurador. 

En ese mismo expediente Boudou acusó también al presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, de haberle ofrecido dinero para que favoreciera a la firma Boldt.
En cuanto a la nueva causa por enriquecimiento, está claro que complica la situación judicial de Boudou, pero puede tener, a largo plazo, un efecto favorable para él: si logra sortearla con éxito y termina sobreseído, se garantiza que ya no podrán volver a investigarlo por enriquecimiento ilícito; al menos, no por el crecimiento que haya tenido su patrimonio hasta ahora.

jorge di lello

Fiscal federal

Profesión: abogado

Peronista y fanático de los autos, Di Lello no oculta sus simpatías políticas. 

Militante en su juventud, estuvo preso durante la dictadura. Tras ser indultado, llegó a la Justicia a instancias de Carlos Corach, ministro del Interior de Menem. 

Es fiscal federal en temas electorales.

El origen de la nueva causa penal

La Justicia abrió una investigación para revisar el patrimonio del vicepresidente.

La denuncia 

Un ciudadano pidió investigar si el vicepresidente se había enriquecido violando la ley. 

Basó su denuncia en información que se hizo pública como consecuencia del caso Ciccone.

Imputados 

El fiscal recibió la denuncia y ayer impulsó formalmente el caso contra Boudou, Agustina Kämpfer y dos de los acusados del caso Ciccone, Alejandro Vandenbroele y José Núñez Carmona.

El antecedente 

El juez Ariel Lijo tiene a su cargo tanto la nueva causa como el caso Ciccone; ahora debe decidir si separa de ese expediente al fiscal Carlos Rívolo, que fue quien impulsó la investigación..



UNA GRAVE ENFERMEDAD

La Argentina se ha contagiado de populismo. 

Compró los exaltados discursos de la Presidente, donde, con fe nacionalista, disminuye la importancia que tiene la interrelación con el mundo, en la elevación de la calidad de vida de la gente.

Ante el aplauso, casi obligatorio, de los invitados a los actos proselitistas que realiza, enumera, las cada vez más amplias medidas, que conducen al aislamiento internacional: esta política hostil hacia los países mas desarrollados aleja a los capitales y aumenta la desinversión.

El incumplimiento de las normas y acuerdos estipulados con otros países, nos está convirtiendo en parias que pretenden vivir sin que nos importe cooperar, codo a codo, con el resto de naciones democráticas, en la consolidación de un sistema internacional que nos permita, a todos los habitantes del planeta, resolver o morigerar los problemas de este siglo.

Por el contrario, la Presidente y sus ministros, elegidos a imagen y semejanza, crean conflictos donde no los hay, como ha sido el tema de Malvinas. 

No se intentó, mediante el diálogo, como se había hecho antes, una relación amistosa  para resolver el problema, tanto con Inglaterra, como con los habitantes de Malvinas. 

Se tomó como bandera su recuperación, para hacer aflorar "el patrioterismo", lo peor del nacionalismo autóctono y, así, tapar las críticas al Gobierno por, entre otros hechos, la tragedia ferroviaria ocurrida en la estación de Once.

En el orden interno continúa revirtiéndose el resultado de la lucha entre las fuerzas armadas y terroristas. 

De golpe y porrazo, se humilló a quienes fueron los vencedores: militares, jueces, y funcionarios, que actuaron en los gobiernos de facto y también en gobiernos constitucionales que combatieron la guerrilla.  

Se impartió justicia renga: solo  para los terroristas. 

Hoy, varios de ellos forman parte del Gobierno, mientras que hay  militares y civiles  que, después de años presos, continúan sin sentencia, muriendo en la cárcel.

La Presidente olvida, que la juventud que defiende y de la que orgullosa dice formar parte, secuestraba, torturaba, juzgaba, asesinaba y avasallaba a sus víctimas, sin piedad. 

Guillermo Sallustro, Pedro Eugenio Aramburu, Argentino del Valle Larrabure, Arturo Mor Roig y tantas otras personas respetables, fueron fríamente ultimadas por esos jóvenes que comulgaban con ideas marxistas, maoístas y ultra-nacionalistas.  Creyeron que nobles ideales los autorizaba a matar y a no medir las consecuencias.

Pensaban implementar, si llegaban al poder, un sistema  totalitario como el de Cuba, país que admiraban y donde se entrenaban para la lucha armada.

Sin pretender justificar los excesos en que incurrieron los militares, no se puede olvidar, que no iniciaron los actos de violencia y que muchos de ellos dieron su vida para intentar evitar el terrorismo  y los horrores que trae siempre en su cola.

El kirchnerismo, también, en su ansía totalitaria, de dominar completamente a la sociedad y lograr el beneplácito que vemos en los actos de gobierno, de parte de funcionarios, intelectuales, empresarios, jueces, sindicalistas, actores y actrices oficialistas, intenta destruir el sistema de partidos que permitiría la alternancia en el poder.

Corrompe la política, presionando a legisladores de la oposición para que se pasen a sus filas o que voten los proyectos  del gobierno y asfixia, financieramente, a gobernadores tibios en su apoyo, como también, al Jefe de Gobierno de la Ciudad por su pretensión de competir para alcanzar la presidencia.

Un caso paradojal es el del ex presidente Menem. 

Evidentemente- lo he entrevistado varias veces- no piensa que el plan del gobierno sea el correcto. 

Sabe que la actual política económica lleva a la desinversión y a la desconfianza internacional y en el plano interno a más inflación y más pobreza.

Como presidente cambió el rumbo económico estatista y dirigista, en 180 grados, al darse cuenta  que a la riqueza no la crea el Estado sino la actividad privada. 

Fue por eso que llegaron  inversores. Sin embargo, en la actualidad, apoya al gobierno destructor de la propiedad privada -que lleva en su vientre la libertad y la limitación de los poderes-  estatizando o, quitándole su riqueza.

Son cada vez más los que se dejan dominar ante los métodos mafiosos del Gobierno.

En muchos casos es porque no sienten que funcione la división de poderes. Son pocos, en la Argentina, los que se creen protegidos por la Justicia, la cual, en buena porción, se ha abandonado en los brazos del ejecutivo, tal, como parte importante del poder legislativo.

Cristina Kirchner ha llevado la política, también, al mercado. Actúa enredado y sometido a su voluntad. 

Es así como vemos a empresarios ligados al gobierno que reciben privilegios inmerecidos y a improvisados personajes convertidos en empresarios de actividades que no conocen gracias a contactos políticos.

Por si fuera poco se ha reducido, peligrosamente, la opinión pública, un pilar importante de la democracia: 

los canales de televisión, la radio y la prensa escrita con excepción de La Nación, Clarín, y pocos más, se cuidan de criticar al Gobierno.

En este escenario, producto de una vuelta al populismo, el Estado corrompido, desparrama corrupción al resto de la sociedad a medida que la arbitrariedad y la concentración del poder aumentan.

Pronto, nos veremos con el peligro de que el Gobierno ejerza el control, de los que no aplauden, por medio de métodos autoritarios, alejados de los principios que, en general, ha defendido la cultura occidental: Libertad, Democracia y Justicia.


Elena Valero Narváez *
* Autora de "El Crepúsculo Argentino"
 - Lumiere, 2006

martes, 15 de mayo de 2012


TODOS CONTRA TODOS Y SIN CAJA PARA CALMAR LOS ANIMOS

En vez de aplicar una política económica en la que unos viven beneficiando a sus semejantes, en Argentina se aplicó una política de vivir a costa del otro. 

Así, el desestímulo a la producción hace que hoy luchen todos contra todos por el ingreso.

Afirma Adam Smith en la Riqueza de las Naciones:

“No es de la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero que esperamos nuestra cena, sino de sus observaciones de sus propios intereses”. 

¿Qué quería transmitir Smith con esta frase en términos más actuales? 

Que el carnicero, el cervecero y el panadero no le iban a dar de comer a la gente por benevolencia sino porque pretendía venderles buenos productos. 

Ganarse el favor del consumidor.

La idea de una economía de mercado, además de tener un profundo concepto moral, consiste en buscar una cooperación pacífica entre los miembros de la sociedad por la cual la gente genera sus ingresos produciendo algún bien o servicio que satisfaga las necesidades de sus semejantes. 

Es un sistema de ganador-ganador. 

El que vende gana dinero porque consigue el favor del consumidor, y el consumidor gana porque, con sus ingresos, como el producto que necesita en calidad y precios que le permiten satisfacer sus necesidades.

Este tipo de organización social y económica, que podríamos denominar de cooperación pacífica y voluntaria, no es exactamente el que seguimos los argentinos.

Por contraposición, seguimos el camino del conflicto social. 

El de todos contra todos. 

Mi ingreso no depende de satisfacer las necesidades de mis semejantes sino de vivir a costa de mis semejantes.

En los últimos tiempos vemos a un gobierno nervioso, desconcertado por la creciente conflictividad social y desborde de las variables económicas. 

Sindicatos en huelga, el campo en rebelión por la presión fiscal, la gente de malhumor porque no le alcanza la plata para llegar a fin de mes, la industria frenada por el cierre de las importaciones, la casi prohibición de comprar dólares para escapar de la inflación y el listado sigue.

¿Cuál fue el camino que recorrimos para terminar en este nuevo escenario de conflictividad social y crisis económica?

Haciendo un poco de historia, la devaluación del 2002 buscó cambiar los precios relativos. 

Hacer barato el salario en dólares y encarecer los productos importados. 

Como en ese momento las empresas trabajaban, en promedio, al 50% de su capacidad, podían sustituir los bienes importados con un poco de capital de trabajo. 

Por su parte, al licuar los salarios con la llamarada inflacionaria, las empresas podían contratar un poco más de mano de obra. 

La idea fue: a vos empresa te regalo el mercado interno con un dólar caro y a vos trabajador te ofrezco un salario bajo a cambio de que no quedes desocupado. 

En rigor, hubo otro elemento clave que influyó en el proceso de salida transitoria de la crisis, que fue que justo a mitad del 2002 comenzó a subir el precio de la soja.

Paralelamente se congelaban las tarifas de los servicios públicos para que la gente tuviera mayor poder de compra. 

Le quita ingresos a las empresas de servicios públicos y se los trasladaba a los trabajadores para que pudieran comprar bienes y servicios.

En estas condiciones Kirchner recibió la economía, con otras ventajas: 

a) Brasil crecía y el dólar era cada vez más barato en ese país con lo cual compraba más productos argentinos, 

b) la soja seguía subiendo y 

c) el mundo crecía a tasas del 4 o 5 por ciento anual.

Kirchner profundizó el esquema heredado de Duhalde, pero era obvio que en algún momento íbamos a llegar a la situación actual de todos contra todos.

En primer lugar, al tener una soja en aumento, ingresaban dólares comerciales que tiraban hacia abajo la cotización de la divisa. 

Por un tiempo el gobierno les dio un dólar caro a los productores locales para que no tuvieran que competir con productos importados. 

Para sostener artificialmente alto el tipo de cambio el BCRA emitía moneda para comprar dólares generando inflación, con lo cual, como vemos ahora, el tipo de cambio real se licuó totalmente y está en niveles muy cercanos a la convertibilidad.

El esquema, entonces, era el siguiente. 

El gobierno aplicaba el impuesto inflacionario para sostener alto el tipo de cambio. 

Les daba a los productores locales el mercado interno. 

Con el mercado interno para ellos podían aumentar los precios pero sobre todo las cantidades vendidas. 

 Tenían capacidad para aumentar la oferta sin invertir y no había competencia externa. Además les subsidiaba la energía. 

Es decir, el proteccionismo se financiaba con el impuesto inflacionario para tener un dólar alto y con energía subsidiada. 

A cambio de eso las empresas podían absorber aumentos de salarios que superaban la inflación porque vendían más unidades. 

El ingreso les aumentaba no tanto por precio sino por cantidad vendida. 

En definitiva, el juego era: te doy aumentos de salarios para que consumas más y vos empresa vendes más porque tenés el mercado todo para vos.

Mientras tanto, para tener las tarifas de los servicios públicos baratas, se implementaron los subsidios. 

¿Cómo se financiaban estos subsidios? 

Con mayor presión impositiva y con más emisión monetaria. 

A cambio de tener energía barata había que consumirse el stock de reservas energéticas y por eso la crisis actual del sector.

Además de ir aumentando los derechos de exportación para la soja, la carga tributaria fue creciendo porque no se ajustan los mínimos no imponibles ni se permite el ajuste de los balances por inflación, aumentando la caja del gobierno.

Así, el campo financiaba parte de la fiesta con más derechos de exportación, el sector energético financiaba la fiesta con destrucción del stock de capital, los salarios crecían por encima de la inflación porque las empresas compensaban esos mayores salarios con más unidades vendidas y el mundo seguía empujando a favor de Argentina. 

A propósito, Cristina Fernández acaba de afirmar que nosotros no nos caímos del mundo, sino que el mundo se cayó encima de Argentina. 

¿No era que, según ella, estábamos blindados de la crisis internacional y que el crecimiento a tasas chinas era fruto del “modelo” y no del viento de cola? 

 Bueno, para qué detenerse en esta contradicción si ya sabemos que pueden cambiar de discurso con la misma facilidad que el viento cambia de rumbo.

A todo esto se sumó la Asignación Universal por Hijo para estimular el consumo y de paso más votos. 

Lo cierto es que por varios años, gracias al mundo que jugaba a favor de Argentina, unos vivían a costas de otros. 

Las empresas a costa de un mercado cautivo por un dólar caro, los empleados con salarios que superaban la inflación, todos con servicios públicos baratos consumiendo el stock de capital y aumentando el gasto en el rubro subsidios.

Claro, en este contexto nadie invertía un peso porque no necesitaba hacerlo al tener el mercado cautivo. 

El salario real no crecía por más productividad sino porque superaba la tasa de inflación y las empresas seguían vendiendo más por la falta de competencia.

Pero llegó el momento en que tanta inflación y un dólar clavado, se transformó en un dólar barato.

La competencia externa empezaba a molestar. 

El empresario no podía vivir a costa de un consumidor cautivo tan fácilmente.

El dólar barato y la energía regalada dispararon las importaciones y empezaron a faltar dólares. 

Había que frenar las importaciones para que el consumidor siguiera siendo cautivo. Se usaron diferentes mecanismos hasta que, finalmente, Moreno, en una muestra de sutileza de ciencia económica, cerró todas las importaciones y la compra de divisas.

Algunas empresas estaban felices de tener cerrada la economía, pero otras empezaron a tener problemas para conseguir insumos. 

Si a esto se le agrega que nadie invertía porque no hacía falta, hoy es imposible aumentar la oferta de bienes internos porque la inversión fue ignorada por el gobierno. 

Solo había que consumir para mantener a la gente feliz. 

Pero el mundo entró en crisis, Brasil empezó a devaluar el real y el tipo de cambio real en Argentina ya está cerca del uno a uno. 

Para colmo de males, la plata no alcanza para financiar tarifas públicas artificialmente bajas.

Como el modelo consiste en que unos vivan a costa de otros, el dilema que hoy tiene el gobierno es a quién le quito para darle a otro sin que este otro proteste. 

Y el dilema ya no tiene solución.

¿Por qué se enoja Cristina Fernández con los sindicatos? 

Porque piden aumentos de salarios que les compensen la inversión verdadera. 

Pero la mayoría de las empresas no pueden financiar esos aumentos de salarios porque no pueden compensar con más unidades vendidas el mayor costo salarial. 

Por eso Cristina Fernández les dice que tienen que invertir más, sin reparar que tiene a un Moreno que cada medida que toma es para espantar a los inversores. Considerando la arbitrariedad en las reglas de juego, Cristina Fernández tiene que entender que no puede convocar a empresarios verdaderos para que inviertan.

Lo que ella tiene que conseguir son kamikazes que estén dispuestos a hundir dinero para que luego Moreno les diga si pueden importar insumos, subir los precios, exportar o cualquier otra medida. 

Y como hay pocos kamikazes, la oferta de bienes no puede subir. 

Si no puede subir la oferta de bienes y servicios, los aumentos salariales por encima de la inflación no son financiables. 

Ni siquiera pueden empatarle a la inflación.

Si el gobierno sigue emitiendo para financiar más gasto público, la inflación se le dispara, el tipo de cambio real caerá más y el cierre de la economía será total. 

Al cerrar la economía faltarán más insumos, menos producción y faltará trabajo, como ya se está notando.

Con inflación más alta y menos trabajo, imposible seguir aumentando los salarios por encima de la inflación. Y si esto ocurre, cae el consumo. 

Si cae el consumo, no solo entramos en recesión sino que, además, la recaudación impositiva bajará. 

 ¿De dónde sacar la plata para pagar los subsidios de las tarifas públicas y la Asignación Universal por Hijos? 

De la maquinita del Central. 

Pero eso implica más inflación, más problemas de consumo y mayor caída del tipo de cambio real.

Por eso vemos que hoy es una lucha de todos contra todos. 

Sindicatos en alerta porque no les satisfacen los aumentos salariales. 

Empresas preocupadas porque tienen problemas de insumos y las ventas disminuyen. 

El Estado desesperado para ver de dónde saca plata para cubrir el bache fiscal. 

 Crisis energética que no saben cómo resolver ni financiar.

Llegamos al todos contra todos porque la política económica consistió en despreciar la calidad institucional para obtener inversiones, y se limitó a estimular el consumo ayudada por el contexto internacional y en el populismo más exacerbado. 

Se destruyeron ahorros y stock de capital para sostener un alto nivel de consumo artificial.

¿Qué le está diciendo Cristina Fernández a los dirigentes sindicales? 

No hagan olas porque no puedo salir a decir que esta fiesta de años fue una ficción y ahora hay que pagarla. 

Y los que van a tener que pagarla son los sectores de ingresos fijos con menor ingreso. 

Cristina Fernández necesita pelearse con los sindicatos para no tener que decirle a la gente que ahora les llegó el momento del ajuste.

En definitiva, hoy vemos a la Nación, provincias y municipios exprimiendo a los contribuyentes como a un limón. 

La inflación supera los aumentos de salarios porque ya no pueden financiarse subas disparatadas de salarios. 

Las empresas ven caer sus niveles de producción y ventas. 

El gobierno entra en pánico porque el dólar está tan barato que es un bien codiciado por la gente como refugio de valor frente a un peso que se derrite.

Todo esto pasa porque el gobierno impulsó una propuesta de vivir a costa del otro en vez de impulsar una política económica en que cada uno viviera beneficiando al otro. 

Y encima de todo esto, ya no queda muchas cajas a las cuales recurrir para calmar los ánimos. 

En realidad quedan algunas, pero no las voy a nombrar para que no me acusen de terrorismo económico. 

Igual, todo el mundo sabe cuáles son.

OPOSICIÓN CONDUCIDA POR LA NARIZ
Cuando estallan los graves desatinos del Gobierno o sus funcionarios son denunciados por delitos que la Justicia investiga, el oficialismo distrae a la ciudadanía actualizando temas sensibles, y enreda a la oposición deformando los hechos. 

Olvida que no se puede engañar siempre, a todos.

- El latrocinio en viviendas de las Madres de P. de Mayo;
- la tragedia ferroviaria de Plaza Once;
- los subterráneos obsoletos;
- la corrupción en la impresión de billetes, involucrando al Vicepresidente;
- proponer como Procurador del Tesoro a un abogado sin idoneidad;
- destruir la moneda nacional y generar inflación liberando la emisión monetaria;
- expropiar a YPF, violando la Constitución;
- la compra de departamentos de lujo por funcionarios y sindicalistas, etc.,

son ocultados con mentiras o deformaciones como:

- la defensa de los derechos humanos;
- eliminar subsidios a los ricos;
- que la CABA se haga cargo de los subterráneos;
- recuperar las Malvinas;
- aumentar la inversión y producción de petróleo y gas, ahorrando 12 mil millones de dólares de importaciones;
 - investigar jueces, etc.

Los partidos no oficialistas, ideológicamente estatizantes, populistas o socializantes, quedan atrapados en la telaraña y terminan apoyando al oficialismo, que los conduce por la nariz. 

No captan que es absurdo confiar en un rival que desprecia el respeto a las leyes y a los valores morales.

lunes, 14 de mayo de 2012


BASTA DE OCULTAR INFORMACION

¿Por qué siguen distorsionando las estadísticas oficiales sobre el aumento del costo de vida y la pobreza? 

¿Podría explicar, de manera detallada, su aumento patrimonial desde 2003 hasta ahora? ¿Sabía que el vicepresidente Amado Boudou tenía amigos o conocidos que usaron su nombre para quedarse con el 70 por ciento de la ex Ciccone?

Esas tres preguntas son apenas una muestra de una enorme serie de interrogantes que muchos periodistas quisiéramos realizar a la Presidenta y no podemos, porque Ella no ofrece conferencias de prensa ni acepta dialogar con periodistas. 

También queremos que se cumpla el decreto que firmó el propio Néstor Kirchner en el año en que asumió y por el que el Gobierno se compromete a facilitar el acceso a la información pública con un límite de tiempo preciso. 

Reclamamos que muestren, con precisión y de manera fehaciente, cómo gastan cada peso del presupuesto, incluida la publicidad oficial que utilizan para premiar a los amigos y castigar al periodismo crítico. 

Pedimos que cumplan con la ley que obliga a funcionarios y legisladores a presentar su declaración jurada y hacerla pública.

La editorial con la que terminé mi programa de televisión ayer y la presencia de decenas de prestigiosos colegas en el ciclo de Jorge Lanata tienen este propósito, igual que la solicitada que se publicará en los próximos días con la firma de casi ciento cincuenta profesionales de los medios.

Pero lo más importante de todo es que se entienda que no se trata de una demanda corporativa. 

Que se trata de la defensa de un derecho que tienen todos los habitantes de la Argentina y de una obligación que tiene el Estado: 

el de recibir información en un caso y suministrarla en el otro.

Aunque el partido de gobierno haya ganado con el 54 por ciento de los votos, eso no lo autoriza a sostener una práctica autoritaria y antidemocrática.

El impedir el acceso a los datos que debería compartir toda la sociedad es una de las decisiones políticas que caracterizan a las dictaduras en todo el mundo.